Aldo Benítez
Periodista
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El ministro Francisco de Vargas le prometió que el caso de su hijo será estudiado, pero que, de inmediato y como primera medida, el suboficial Narciso Cañete será apartado de las fuerzas policiales. En principio, hasta que la causa judicial que lo involucra tenga una sentencia firme.
Actualmente, el citado agente policial está con una condena de 5 años de cárcel tras ser hallado culpable de lesión culposa en funciones públicas. Sin embargo, hasta hace unos días, el oficial se encontraba en plenas funciones operativas en la comisaría 5ta. del barrio Ricardo Brugada (Chacarita), en Asunción.
La condena fue establecida por un Tribunal de Sentencia conformado por las juezas Zunilda Martínez, Haideé Barboza y Alba Meza, de Ciudad del Este, el pasado 18 de abril del 2016. La medida judicial contra Cañete Cáceres está parcialmente suspendida por acciones emprendidas por los abogados de la familia de don Alberto, que como querellantes, solicitaron una condena de 15 años para el policía. A su vez, la agente fiscal Liliana Ayala, de la Fiscalía de Derechos Humanos, solicitó 13 años de encierro.
Además del ministro De Vargas, don Medina fue recibido por el comandante de la Policía, comisario general Críspulo Sotelo y también se entrevistó con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Para don Medina, la atención que tuvo fue excelente. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde hace cuatro años viene peleando para que desde las instituciones estatales le hagan caso.
"El ministro me aseguró y prometió que ya dio instrucciones para que el suboficial Cañete Cáceres sea apartado de sus funciones, teniendo en cuenta que está actualmente con una condena encima. Les comenté tanto al ministro como al comandante Sotelo que en el juicio se demostró fehacientemente que este oficial no está capacitado para ser agente policial y que representa un peligro para la sociedad", explicó don Medina.
Dijo además que ambas autoridades le dijeron que no estaban al tanto de la situación del agente, pero que rápidamente se abrirá algún tipo de sumario para determinar responsabilidades y ver dónde se falló en el control.
En ese sentido, fuentes del Ministerio Público indicaron a La Nación que, si bien la condena contra Cañete Cáceres no es aún definitiva, el sentido común dice que en estos casos es mejor dejar suspendido al agente policial hasta que se defina su situación jurídica. Más aún, teniendo en cuenta que en el caso de Cañete Cáceres se trata de una suspensión a una condena que la propia querella apeló disconforme con los cinco años de cárcel establecidos en principio.
La lucha de don Alberto y toda su familia se inició en julio del 2012. El 1 de julio de ese año, a su hijo Anderson Medina Giménez -que en ese entonces tenía 20 años- un policía le disparó cuando manejaba su automóvil Toyota Premio, sobre la Ruta 7, a la altura del km. 22, en un episodio que la policía jamás pudo precisar de qué se trató.
Se confirmó posteriormente que el agente policial fue el entonces suboficial Narciso Cañete Cáceres. El vehículo de Anderson recibió tres disparos directos a menos de 7 metros de distancia. Una de las balas atravesó la puerta y le dio en la espalda al joven, que perdió la movilidad de las piernas y que para recuperarse, tuvo que someterse a complejas cirugías y a meses de recuperación.
Desde entonces, además de tener que buscar que la Justicia le tome la palabra, don Medina y su familia tuvieron que soportar todo tipo de atropellos y amenazas de personas desconocidas. Para él, no hay dudas de que se trata de personas allegadas al oficial Cañete Cáceres. Por eso, denunciaron siete veces estas amenazas ante la Fiscalía de Ciudad del Este. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas denuncias tuvieron algún efecto judicial.
"Me voy satisfecho con las respuestas que me dieron las autoridades, pero yo voy a seguir luchando para que se haga algo de Justicia con mi hijo. No puede ser que una persona no preparada, que tiene antecedentes, destruya la vida de un joven y de su familia y siga trabajando, ensuciando el uniforme policial, ensuciando a todos sus camaradas. Yo voy a seguir luchando para que no haya impunidad en este caso", aseguró el padre de Anderson.
Don Medina pretende que su lucha sirva para que ninguna familia paraguaya tenga que sufrir las terribles consecuencias que dejan la brutalidad de un gatillo fácil policial.