El gobierno argentino de Mauricio Macri solicitará a la justicia revocar el beneficio de la prisión domiciliaria al emblemático represor Miguel Etchecolatz, condenado a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983), informó este miércoles una fuente gubernamental.
"La Secretaría de Derechos Humanos va a realizar esa presentación debido, principalmente, a las diferencias en las pericias médicas", dijo a la AFP una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos.
El anuncio del viernes pasado que benefició al exjefe de policía Etchecolatz, uno de los represores más siniestros de la dictadura, despertó polémica en Argentina donde los organismos defensores de derechos humanos repudiaron la decisión.
En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó "una aceleración", dijo Carlos Zaidman, una de sus víctimas, el lunes a la AFP, en medio de una lluvia de críticas a la política del gobierno en materia de derechos humanos, un tema sensible en Argentina.
Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar recientemente la cifra de 30.000 desaparecidos y decir en campaña que iba a "terminar con el curro (estafa) de los derechos humanos".
Dos jueces de la ciudad de La Plata (sur) concedieron la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 87 años, alegando "cuestiones humanitarias" o simplemente su avanzada edad.
Pese a la decisión, Etchecolatz sigue encarcelado porque el beneficio le fue denegado en otra causa.
La secretaría de Derechos Humanos, al mando de Claudio Avruj, explicó que aunque no pueden apelar la decisión "porque se lo prohíbe la ley", solicitarán la revocación a la justicia.
"Esta es la evaluación que surge de nuestro equipo de abogados y entendemos que es la posición que tenemos que llevar adelante", dijo Avruj a la agencia estatal Télam.
Desde que en 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, tres años después de la anulación de las leyes de amnistía, los organismos humanitarios han bregado por "cárcel común y efectiva" para procesados y condenados.
Las leyes argentinas conceden el beneficio de la prisión domiciliaria para los reclusos mayores de 70 años, sin embargo su concesión es facultad de los jueces.
De los 1.056 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad.
El resto está hospitalizado o en otras dependencias.
Desde 2006 se dictaron 163 sentencias, con 689 condenados y 69 absueltos. Hay aún 846 procesados. Casi 400 murieron, la mayoría sin condena.