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Un abogado chino especializado en derechos humanos y tres activistas fueron declarados culpables de "subvertir el poder del Estado". Los fallos se produjeron en una serie de juicios en la ciudad norteña de Tianjin. Con resonancias de los pomposos juicios durante la Revolución Cultural china, en la década de 1960, estos procesos son la última parte de la represión de las ideas occidentales y del activismo social y político que comenzaron en serio después de que Xi Jinping se convirtió en el jefe del Partido Comunista, en el 2012.

El año pasado fue particularmente intenso para abogados y activistas, sobre todo a partir de julio del 2015, cuando 250 de ellos fueron detenidos por la policía. Los cuatro condenados entre el 2 de agosto y el 5 de agosto fueron acusados de ser parte de una conspiración contra el Partido Comunista Chino apoyada desde el extranjero y "confesaron sus crímenes" en un video.

Y eso que la represión de los abogados y activistas políticos por los derechos humanos no es toda la historia. Esto ocurre al mismo tiempo en que reformas judiciales se están llevando a cabo para los casos menos sensibles a nivel de distritos, lo que significa que algunos ciudadanos están haciendo progresos modestos buscando reparación de sus casos a través de los tribunales.

Estas dos dinámicas contradictorias –al viejo estilo, presión política de arriba hacia abajo junto a algunos empoderamientos legales de abajo hacia arriba– son parte de la política de la zanahoria atada al palo del Partido para mantener la estabilidad. Si bien nadie espera un cambio significativo en la parte superior, la gran pregunta es cuánto impacto tendrían las reformas a nivel distrital.

Los cuatro hombres juzgados y condenados la semana pasada incluyen a Zhou Shifeng, ex director de un bufete de abogados de Beijing famoso por defender activistas como el artista Ai Weiwei, e intelectuales como Ilham Tohti, un economista que defendió a la etnia uigur, grupo étnico que vive en las regiones del noroeste de China.

Zhou fue encarcelado durante siete años. A sus familiares y a los de los otros acusados no se les permitió asistir a los juicios. La policía bloqueó a periodistas extranjeros y no pudieron ingresar a los tribunales y los informes de la prensa oficial desacreditaron a los procesados antes de ser sentenciados. Los observadores internacionales condenaron los procedimientos en Tianjin y los calificaron como una parodia de la justicia.

El 1 de agosto, de Wang Yu, otra destacada abogada de derechos humanos, se dijo que fue liberada de la cárcel. En una confesión televisada ella declaró que "fuerzas extranjeras" eran las culpables de incitar a su bufete de abogados para socavar al gobierno chino.

"No voy a ser usada por ellos nunca más", dijo.

Actualmente, más de una docena de abogados y activistas siguen detenidos, según Amnistía Internacional. Ellos podrían ser juzgados en cualquier momento.

En casos menos sensibles, sin embargo, la ira popular obligó al sistema judicial a tratar de ser más responsable. De la mayor de las figuras de alto nivel de China, Zhou Qiang, designado presidente del Tribunal Popular Supremo en el 2013, se cree ampliamente que desea utilizar la reforma judicial para impedir que la gente lleve su ira a las calles, un fenómeno cada vez más extendido.

En el pasado, los tribunales chinos rechazaron arbitrariamente casos delicados. Muchos todavía lo hacen. Sin embargo, nuevas reglas, promulgadas en el 2015, los obligan a atender todos los casos que cumplan con las normas básicas, aunque luego los desestimen. En el primer mes después de que las disposiciones entraron en vigor, hubo un aumento del 30% en el número de casos aceptados.

En el primer caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, en abril, una pareja gay recurrió a los tribunales en la ciudad de Changsha para demandar a la oficina local de asuntos civiles y así obtener el derecho a casarse. El juez desestimó el caso de la pareja en cuestión de minutos y los eventuales contrayentes perdieron su apelación final dos meses más tarde, pero los reformadores legales interpretaron el caso como un progreso debido a que, al menos, fueron escuchados en una sala de audiencias.

En los últimos años, el número de casos aceptados que tienen relación con derechos de grupos socialmente marginados ha aumentado, a pesar de que pocos hayan ganado sus querellas. Estos incluyen a una estudiante lesbiana que demandó al Ministerio de Educación porque los libros de texto sostenían que la homosexualidad es un desorden, al primer caso de discriminación transexual en el empleo y a docenas de demandas por protección ambiental y de seguridad alimentaria que desafían a grandes empresas.

En una victoria histórica, en abril, un tribunal de las provincias del suroeste de Guizhou dictaminó que una agencia de educación local debería pagar una compensación a los maestros después de quedar cesantes por haber positivo en pruebas de VIH. China no tiene leyes específicas contra la discriminación en el empleo y el caso era, según se informó, el primero de su clase.

Stanley Lubman, un profesor de derecho estadounidense, dijo que la capacidad de demandar a las agencias del gobierno es importante y que la búsqueda de este tipo de casos refleja un aumento en la conciencia jurídica de los ciudadanos.

Otras dos cosas están contribuyendo a estos cambios. Una de ellas es la legislación progresiva, como las últimas nuevas leyes para proteger el medio ambiente y castigar la violencia doméstica. Estas han ampliado el espacio para el pleito. Una reforma piloto, lanzada el año pasado, hasta estimula a los fiscales a buscar juicios de interés público.

El otro factor está representado por los medios sociales. Sun Wenlin, un trabajador en el sector de tecnología de la información, de 27 años de edad, uno que integra la pareja gay en Changsha, es optimista, a pesar de que perdió su caso.

"La homosexualidad es un tabú", explicó, "y pensamos que a nadie le importaría. Pero nuestro caso generó mucha discusión en Internet. Tuvimos una cobertura solidaria en los medios de comunicación propiedad del Estado", añadió.

Sun ahora da talleres en todo el país para enseñar a otros cómo presentar demandas similares, con la esperanza de cambiar la creencia cínica entre los chinos de que la ley es solo una herramienta de opresión.

"Está claro que China está cambiando, pero poco a poco", dijo.

Sin embargo, los tribunales todavía están bajo el control del Partido Comunista. Los funcionarios aprueban las audiencias en muchos casos y, a veces, hasta determinan el veredicto y la sentencia también.

No hay manera de saber para los demandantes si sus casos les causarán problemas o no. Jerome Cohen, de la Universidad de Nueva York, dijo que el eje de la presidencia de Xi reside en la expansión del control central.

El partido Define la soberanía y la seguridad nacional en términos generales con el fin de mantener el control sobre cuestiones delicadas, dijo Susan Finder, una experta en el sistema legal chino.

Demandará mucho más esfuerzo educar al público sobre sus derechos legales más amplios y también llevará tiempo capacitar a los funcionarios judiciales. Los jueces, especialmente aquellos en los tribunales inferiores, son mal pagados y tienen poca formación jurídica formal. Muchos incluso fueron encarcelados por aceptar sobornos. Esto genera un profundo resentimiento y es la razón por la cual miles de peticionarios viajan cada año a Beijing para plantear sus cuestiones ante el gobierno central antes que molestarse en recurrir a los tribunales locales.