Este viernes venció el plazo para que Venezuela se ajuste a las normas y requisitos dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) establecidos en el Protocolo de Adhesión. Hasta el momento, no se ha informado que oficialmente se hayan cumplido esos compromisos que fueron asumidos hace 4 años.
Ante esta situación, se plantea un nuevo escenario en el bloque regional y una de las posibilidades que se manejan es bajar de categoría a Venezuela. De socio pleno podría pasar a ser "miembro asociado", al no reunir todos los requisitos.
Esta situación es la que a partir de ahora analizarán los socios fundadores del Mercosur, entre ellos Paraguay. Los mismos presidentes de Argentina, Paraguay y Brasil analizan la situación.
De llegarse a esa decisión, el camino estará allanado para contar con un argumento más sólido para evitar que asuma la presidencia pro tempore, como pretende el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, Venezuela ya se autoproclamó que lidera el Mercosur, aspecto que no es aceptado.
El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, informó a través de sus funcionarios que guardará silencio durante unos días. Se supone que esta situación se enmarca en el diálogo que mantendrán los tres países que sostienen que Venezuela no puede asumir el mando del bloque.
Desde Argentina se estima que la solución a la crisis del bloque se podría dar en dos o tres semanas.
Cabe recordar que el ingreso venezolano fue aprobado por los presidentes Dilma Rousseff de Brasil, Cristina Fernández de Argentina y José "Pepe" Mujica de Uruguay, el 12 de agosto del 2012. En aquella ocasión fue establecido el período de cuatro años para que Venezuela cumpla con todos los requisitos.
Las normativas que aún no fueron cumplidas por Venezuela son el "Compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos", uno de los principales puntos cuestionados del gobierno de Nicolás Maduro, y el "Acuerdo de Residencia del Mercosur".
Uruguay es el único miembro del bloque que se mantiene en la postura de que se cumpla con el artículo 5 del Protocolo de Ouro Preto, que establece que la presidencia pro tempore debe ser entregada cada seis meses a uno de los países miembros, en orden alfabético. Uruguay entregó el mando el 29 de julio, alegando el respeto a las normas del bloque.