Jorge Cohler

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El administrador financiero de la Justicia Electoral, Olindo López, indicó que presupuestariamente la Justicia Electoral no se encuentra muy equilibrada, ya que el Ministerio de Hacienda no deposita de forma regular el plan de caja anual del ente electoral, que por cierto, debe enfrentar gastos imprevistos.

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La JE solo tenía planificado en su presupuesto para el 2016 dos elecciones de mayor despliegue: las internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y las elecciones de representantes del Colegio de Abogados para el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, surgieron erogaciones no incluidas en el plan de gastos de este año y que la institución debió salvar, como las recientes elecciones de intendente de Tacuatí, así como la próxima a realizarse en Bella Vista Norte. Coincidentemente, en ambos casos, la situación responde al asesinato de los respectivos jefes comunales de esos distritos: Ramón Carrillo, en el primer caso, y Miguel Louteiro, en el segundo.

El administrador de la JE afirmó que no está previsto pedir al Parlamento un aumento presupuestario, pero sí solicitar a Hacienda el desembolso regular del plan de caja, ya que no quieren contraer deudas que deban pagar recién con el presupuesto 2017, teniendo en cuenta que es un año netamente electoral, con las internas para elección de candidatos para el 2018.

López recordó que paralelamente, la Justicia Electoral se debe preparar para llamar a nuevas elecciones en por lo menos 5 municipios en el 2017 ya que históricamente esa es la cantidad de autoridades municipales que renuncian a sus cargos para pugnar por escaños en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores.

AMAMBAY

El organismo electoral organiza un panel debate para el próximo 20 de agosto, a las 09:00, en la sede de la Gobernación de Amambay, con el objetivo de abrir canales de comunicación entre las autoridades departamentales y la comunidad para buscar mecanismos que brinden mayor seguridad a los pobladores. De la actividad fueron invitados todos los intendentes del departamento, el ministro del Interior y autoridades de Ponta Porá, Brasil.

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