La estructura impositiva del país ya debe entrar en la senda de un nuevo arreglo fiscal, considerando que si bien el vigente y que data del año 2004, representa un progreso con relación al anterior, es decir, de 1991, es momento de seguir construyendo una mejor fiscalidad.

Así lo señalaron el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda y el ex viceministro de Economía Manuel Caballero, durante la presentación del estudio "Eficiencia y equidad tributaria. Una tarea en construcción".

Sobre el punto sugirieron que la reforma se centre en 4 medidas, como la revisión de las bajas tasas tributarias y los valores de referencia, principalmente del impuesto a la renta y de los selectivos al consumo, además de los nivelas de las tasas del IVA. Esto, con el propósito de generar mayores recursos y corregir externalidades negativas.

También plantearon la corrección de la regresividad impositiva, incrementando la contribución de la imposición directa. En ese sentido, Borda y Caballero enfatizaron sobre la necesidad de evaluar y corregir las reglas del Impuesto a la Renta Personal (IRP) y del impuesto a la renta corporativa, principalmente del Iragro.

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Ambos economistas propusieron, de la misma manera, disminuir los gastos tributarios de los impuestos indirectos como el IVA y de los impuestos directos como el Iracis. Mencionaron que es necesario que se publiquen o se realicen estudios exhaustivos de los beneficios de dichos gastos tributarios versus el sacrificio fiscal que implican.

Y finalmente, como cuarto y último punto, los profesionales hablaron de la posibilidad de elevar la presión tributaria con las medidas ya mencionadas, además de seguir mejorando la administración tributaria e ir identificando las leyes o reglas tributarias inadecuadas que frenan el potencial recaudatorio del Estado.

Tanto Borda como Caballero expresaron que la buena fiscalidad se traduce en una recaudación óptima y la asignación eficiente de los recursos con el objetivo de alcanzar una alta productividad económica y el bienestar de los ciudadanos. Dijeron que no puede haber incompatibilidad entre las políticas orientadas al crecimiento económico y las políticas hacia la equidad social.

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