La intención de la clase política de sanear la Justicia se encuentra dilatada a raíz de la parálisis que sufre en la Cámara de Senadores el proceso del enjuiciamiento a algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Esto genera, a su vez, en la Cámara de Diputados, el argumento de que no vale la pena impulsar nuevos procesos para renovar la máxima instancia judicial.

El proceso referente al juicio político se originó el 10 de diciembre del 2014, cuando los diputados, como instancia acusadora, habían aprobado con el voto mayoritario del oficialismo del Partido Colorado y del Partido Liberal, enjuiciar a Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo.

Las causales señaladas son mal desempeño de sus funciones y no ajustarse al vocabulario de la Ley vigente, entre otras. En principio también fue incluido en esta lista Víctor Núñez, cuya acusación quedó sin efecto cuando renunció de motu propio. Ahora es asesor en la Entidad Binacional de Yacyretá.

Finalizada esta instancia, los diputados habían remitido el libelo acusatorio a la Cámara de Senadores, donde finalmente los ministros deben ser juzgados. El tratamiento de este punto quedó "cajoneado" durante mucho tiempo en la época del liberal Blas Llano, como titular del Congreso, posteriormente el proceso fue retomado en la presidencia del colorado Mario Abdo Benítez, pero sin éxito hasta hoy, ya con el mando de Roberto Acevedo.

Esto hace que varios diputados expresen que no acompañarán el pedido de ampliación del juicio político contra los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, impulsado por el Frente Guasu y respaldado por el Partido Democrático Progresista.

"No podemos popularizar esa medida constitucional. Dependemos de la Cámara de Senadores; en la Cámara de Diputados, existe la voluntad política ya demostrada pero en el Senado, no lo entienden de esa manera", expresó el titular de la Cámara Baja, Hugo Velázquez.