La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor del pedido de inconstitucionalidad presentado por el ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, en el caso del supuesto pago por construcción de celdas en 24 comisarías del Área Metropolitana. La resolución de la Sala Constitucional fue firmada la semana pasada por los ministros Myriam Peña, César Garay y Miguel Óscar Bajac.
La denuncia que fue presentada por el actual ministro del Interior, Francisco de Vargas, a fines del 2013. Se precisó que los trabajos no fueron completados, pero igual se pagó el 100% de lo presupuestado.
Esta decisión favorece al ex ministro de Fernando Lugo, pero, sin embargo, queda pendiente que la cuestión de fondo que está relacionado al proceso en sí. La Corte deberá expedirse a favor o en contra. Si es favor del acusado, el mismo quedará definitivamente desligado.
La causa tiene relación con obras que fueron adjudicadas en el 2010 a la firma "Todo Verde Emprendimientos", por un monto de 1.131 millones de guaraníes para la refacción de los locales policiales. De acuerdo a la acusación, la empresa cobró la totalidad de los recursos, pero no terminó las construcciones.
La acusación fue presentada por el fiscal Luis Piñánez en contra de Filizzola y otras tres personas por lesión de confianza.
El representante del Ministerio Público señala que las obras fueron autorizadas por resolución número 449 del 15 de octubre de 2010, "sin que existiera una necesidad ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas que avalen la construcción de las mismas e igualmente sin un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría".
Alega que, según declaraciones testimoniales de los comisarios Adriano Solano Mineur, Genaro Barreto, Norman Ovando, Nicasio Villalba y Federico Vázquez, las celdas fueron construidas a pesar de la oposición de los mismos y en lugares donde no debían haber sido hechas. Los otros acusados son: Aníbal Núñez, Juan Diego Fernández y Fernando Sakoda.