El asunto de la seguridad interna de un país o territorio es de absoluta prioridad para cualquier gobierno. Una de las tareas fundamentales dentro del Estado es preservar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, de tal suerte a que los habitantes de la República se sientan protegidos ante cualquier tipo de amenaza.
Es por ello que para encaminar una adecuada política de seguridad, que responda al criterio de neutralizar la sensación de inseguridad, es clave tener una infraestructura apropiada. Y hacia ese norte se ven orientadas algunas de las últimas acciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior.
Esta cartera, que ocupa un importante rol en la difusión de la sensación de seguridad, está embarcada en el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, el brazo ejecutor de la ley, que pretende no solo una preeminencia de prácticas y la sana convivencia, sino también la prevención de los hechos punibles.
Por ello es plausible el esfuerzo que está realizando el Gobierno actual para establecer emprendimientos de infraestructura, mejoras, reformas y ampliaciones edilicias de las sedes policiales, ubicadas en diversos puntos del país.
Esta semana nada más, el presidente de la República, Horacio Cartes, acompañado de su ministro del Interior, Francisco de Vargas, y altas autoridades policiales, habilitó estas mejoras en varias comisarías de la ciudad de Asunción, como por ejemplo la Tercera, la Undécima y la Décimo Quinta, todas ellas emplazadas en puntos estratégicos de la ciudad.
En esta inversión que realiza el Estado se han destinado más de 6.600 millones de guaraníes en poner en condiciones precarias dependencias policiales y vetustos emplazamientos en los que se hacía casi imposible prestar un servicio acorde desde la Policía, o acoger a personas privadas de su libertad. Durante décadas eran objeto de un olvido o de una dejadez selectiva. Hoy, esta espinosa dificultad empieza a cambiar.
Las obras habilitadas en las comisarías representan herramientas de trabajo para el personal policial, que permitirá demandar un mayor compromiso de parte de los uniformados.
Este impulso que se concentra en la infraestructura policial contrasta con la prolongada inacción, desidia o corrupción que eran habituales en administraciones anteriores, que no han tenido el suficiente patriotismo para ofrecer mejores equipamientos y condiciones edilicias mínimas acordes.
Si bien el Gobierno reconoce que aún falta mucho para tener en condiciones plenas más dependencias del país, es innegable que el mensaje dado con estas obras es de gran valor, en razón de la enorme voluntad política de ofrecer las condiciones mínimas para el personal uniformado.
El ministro Francisco de Vargas reafirmó esta política de fortalecimiento al anunciar que más dependencias policiales del interior del país recibirán en los próximos meses estos aportes para mejorar sus instalaciones.
Son 27 reparticiones ubicadas en distintos puntos del país: 5 comisarías en el Área Metropolitana, 4 en el departamento Central, 1 comisaría en Cordillera, 8 en el departamento de Paraguarí, 1 en Caaguazú, varias en San Pedro, 8 en Concepción y 7 en el departamento de Canindeyú.
Este impulso que se concentra en la infraestructura policial contrasta con la prolongada inacción, desidia o corrupción que eran habituales en administraciones anteriores, que no han tenido el suficiente patriotismo para ofrecer mejores equipamientos y condiciones edilicias mínimas acordes.
Solo por mencionar un ejemplo, como lo recordó el lunes pasado el propio ministro De Vargas, se refirió a la gestión de Rafael Filizzola, que tuvo a disposición unos 1.300 millones de guaraníes para la readecuación de celdas y baños de 24 comisarías de Asunción, pero las obras, pese a haberse pagado en su totalidad el presupuesto asignado, solo se ejecutaron en un 40%. Cabe apuntar que esta denuncia sobre este hecho irregular fue realizada en el 2013, pero el caso sigue sin poder resolverse.
Más allá de esta anomalía, y de otros ejemplos más, no cabe duda que la política de seguridad interna enfocada en la actualidad por el Gobierno es la correcta. Contando con infraestructura acorde y personal adecuado es posible permitirse un escenario distinto que logre contrarrestar la sensación de inseguridad que por años ha aquejado a la ciudadanía.