Por Óscar Germán Latorre

Ex fiscal general del Estado

La capacidad comunicacional con la que actúan ciertos grupos políticos y grupos sociales resulta sencillamente digna de destacar. Han utilizado los distintos medios de prensa y las redes sociales para sostener que la investigación fiscal con motivo de la muerte de 6 policías y 11 campesinos en Marina Cué ha sido amañada, que la Fiscalía ha plantado pruebas contra los acusados y que tiene el interés de ocultar la verdad sobre lo acaecido.

La hipótesis de la defensa, sin embargo, desconoce:

1. Que el día en que se produjeron tan lamentables crímenes, el presidente de la República del Paraguay era Fernando Lugo Méndez y el ministro del Interior era Carlos Filizzola. En ese procedimiento policial tuvo participación una representante del Ministerio Público y un juez penal de Garantías expidió la orden de allanamiento a tal efecto.
2. Lo irónico del caso es que, quienes tenían el control de la fuerza pública son los que hoy aparecen entre los principales cuestionadores del procedimiento policial, de la investigación fiscal y del desarrollo del juicio oral.
3. Es imposible negar la inexistencia del hecho punible de invasión de inmueble ajeno. El inmueble se halla inscripto a nombre de Blas N. Riquelme o alguna de sus empresas y aunque la validez del título se encuentra judicialmente impugnada, tal circunstancia no convierte a los campesinos en propietarios ni les permite a ingresar al inmueble sin la autorización correspondiente.
4. La defensa técnica desde un primer momento para confundir a la opinión pública recalcó la supuesta nulidad del título de propiedad, con el propósito de sostener que, si el título era falso, no podría existir invasión de inmueble ajeno.
5. La verdad es que si se declarase judicialmente la nulidad del título de propiedad, Marina Cué pertenecerá al Estado paraguayo, el que deberá decidir sobre el destino y uso de aquél.
6. En el caso, solo hay dos alternativas posibles, que el inmueble pertenezca a la familia Riquelme o que el Estado recupere su derecho de dominio sobre el mismo y no existe una tercera alternativa que permita a los campesinos acusados o a cualquier otra persona invocar derecho alguno sobre el inmueble en conflicto.
7. No se trata de una Res Nullius y tampoco cabe duda que el ingreso de esos campesinos al inmueble era absolutamente ilegal.
8. Las pruebas aportadas por el agente fiscal acusador y, fundamentalmente, el testimonio de testigos presenciales del crimen acreditan con grado de certeza que el comisario Erven Lovera y sus acompañantes se acercaron a los invasores sin portar arma alguna y que fueron cobardemente asesinados por algunos de los acusados que salieron a su encuentro.
9. A mi criterio, el relato sobre lo ocurrido y la forma en que los primeros policías fueron asesinados, consolida la hipótesis de que la muerte de esos policías se encontraba prevista y constituía un episodio más para iniciar en varios puntos del país una grave crisis política y una verdadera lucha armada en reivindicación de supuestos derechos que al menos en el caso de los hoy condenados, no existía ni aparece por ningún lado.
10. Y que quede bien claro: la Policía se encontraba cumpliendo sus funciones y actuaba con la orden judicial respectiva mientras los invasores del inmueble cometían un delito al introducirse en el inmueble.
11. Una campaña comunicacional tendenciosa, cargada de falsedades y ella involucra a grupos sociales y hasta a políticos y organizaciones de otros países, que responden a una ideología común, el caso Curuguaty dejó de ser una causa penal y se convirtió en escenario de una lucha de fuerte e indisimulado contenido político.

Vivimos tiempos difíciles. Hay descontento de mucha gente y una buena parte de ella ni siquiera sabe el motivo de su insatisfacción.

Nos convertimos en una nación donde el resentimiento prevalece sobre la razón y eso facilita que cualquier afirmación, por más ridícula que sea, sea aceptada como la verdad.

Cuando los que ejercen la defensa técnica se prestan a dilatar el juicio sin importar las vías y recurren a argumentos contrarios a la razón, cuando pierden seriedad y la mínima dignidad que exige el ejercicio de la profesión de abogado, cuando buscan imponer confusión y una falsa idea en la opinión pública por sobre su obligación de desarrollar la mejor estrategia de defensa posible, el proceso penal necesariamente quedará enrarecido y se creará el terreno fértil para vender la versión de que no existe debido proceso y que el derecho de defensa de los acusados ha sido groseramente quebrantado.

La defensa técnica y las organizaciones políticas y sociales que la vienen apoyando han ejecutado muy cumplidamente la estrategia de la mentira, expresada por Joseph Goebbels de la manera siguiente: "Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá".