Luego de un año de intensas audiencias, de numerosos y desgarradores testimonios, después de maniobras dilatorias y chicanas de la defensa que intentaban sostener razonamientos sin ningún fundamento en hechos, finalmente el Tribunal de Sentencia presidido por Rubén Trinidad Zelaya logró arribar a una condena para los 11 procesados del caso de la matanza de Curuguaty, una masacre que dejó 17 muertos en junio del 2012.
El arribo de una sentencia en el caso más grave de los últimos años ha sido posible gracias a la institucionalidad e integridad del Poder Judicial, que se impuso pese a la enorme presión ejercida por diversos sectores políticos y organizaciones sociales por invalidar y reprobar el juicio oral y público.
Concluida la lectura de los argumentos que llevaron a los jueces a imponer penas de entre 4 y 35 años de prisión a los procesados, cabe resaltar que con el fallo los magistrados han tenido por probado que el principal acusado en este proceso, Rubén Villalba, es el responsable de haber disparado contra la humanidad de un brillante oficial de la Policía, como lo fue en vida Erven Lovera, y que este hecho desencadenó la trágica masacre que acabó luego con 17 compatriotas.
Asimismo, los argumentos expuestos por el Tribunal dan su total respaldo a la labor llevada a cabo por los agentes del Ministerio Público (desde Jalil Rachid –que inició la investigación– hasta Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz, que fueron los que culminaron el proceso) en la colosal recolección de pruebas, testimonios, fotografías, autopsias y la reconstrucción de los hechos que determinaron sin dejar dudas sobre quiénes recaía la autoría de los hechos.
Luego de producida la matanza en la que el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo tuvo una enorme responsabilidad política, el Ministerio Público se ha ocupado de acopiar la mayor cantidad de evidencias y de perseguir a quienes surgían como sospechosos y cómplices, respetando en todo momento el principio de la presunción de inocencia.
Este no es un dato menor. Durante los últimos cuatro años, luego de producida la matanza en la que el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo tuvo una enorme responsabilidad política, el Ministerio Público se ha ocupado de acopiar la mayor cantidad de evidencias y de perseguir a quienes surgían como sospechosos y cómplices, respetando en todo momento el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, desde el día 0, los agentes fueron blanco de acusaciones y agravios que pretendían sin éxito entorpecer su labor y echar un manto de duda sobre la investigación, cuestionando procedimientos y contaminando el ambiente social.
Y en esto, mucho han tenido que ver algunos movimientos sociales, organizaciones políticas y anodinas figuras que se han erigido en "caudillos" de esta causa, con el mero afán de manipular y deslucir la investigación, cuando ésta se hallaba en plena ejecución, o el juicio, una vez que este había arrancado.
Faltos de argumentos, y hasta con muy poca creatividad, estos movimientos pretendían claramente contaminar el proceso. Pero la fortaleza de las instituciones de nuestro país, que ha tenido al sistema judicial como un verdadero bastión, ha impedido con argumentos claros y pruebas convincentes que esta burda artimaña prospere. Una señal de que este proceso ha tenido pocos reparos es la escasa reacción social a la que tanto han apelado los sectores políticos interesados en empañar el juicio; apenas un grupúsculo de contados activistas de sectores de izquierda se han manifestado –con marchas e incluso con la quema de cubiertas– sin ningún tipo de resultados.
Otro aspecto que refuerza la institucionalidad de la República tiene que ver con el trabajo de soporte que en todo momento dio la Policía Nacional. Desde el inicio de las investigaciones, los agentes estuvieron dando acompañamiento de los diversos procedimientos así como el cerco de seguridad desplegado tanto el lunes 11 de julio pasado, cuando se dio a conocer la sentencia, así como el 18, cuando el proceso culminó con la lectura de 2.312 páginas que contenían los argumentos jurídicos de la condena.
Una democracia sólida funciona con reglas y principios simples. Una de ellas es que sus instituciones funcionen y el Poder Judicial, sobradamente, ha mostrado en el caso Curuguaty su robustez.