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Dispersas en el área rural de Perú están las ruinas de miles de casas hacienda, reducidas a pórticos rotos y paredes derrumbadas. Estas estructuras deterioradas recuerdan una de las reformas agrarias más radicales jamás emprendidas en un país no comunista.
En los años 70, un gobierno militar izquierdista expropió 15.286 propiedades rurales que comprendían 8,9 millones de hectáreas de tierras. Fue una respuesta de mano dura a la flagrante desigualdad en la tenencia de la tierra y las relaciones laborales casi serviles que databan de la conquista española en el siglo XVI. Los burócratas convirtieron las propiedades en cooperativas, las cuales pronto fracasaron. Las importaciones de alimentos aumentaron durante dos décadas.
Sin embargo, la reforma tuvo una consecuencia no intencional. En los años 80, las cooperativas dividieron sus tierras entre alrededor de 300.000 beneficiarios. Eso echó los cimientos de una revolución agrícola basada en el mercado en Perú, que incluyó a granjeros medianos y pequeños que exportan frutas, verduras, especias y granos.
La reforma también fue injusta. Los terratenientes recibieron compensación por un total de 15.000 millones de soles (en ese entonces alrededor de 350 millones de dólares), de lo cual 73 por ciento fue en bonos, redimibles en entre 20 y 30 años y que pagaban un interés anual de entre 4 y 6 por ciento. Según un cálculo, eso representó solo una décima parte del precio del mercado.
Cuando la economía de Perú colapsó en los 80, el gobierno eventualmente dejó de pagar el servicio de los bonos. Aunque hubo historias individuales trágicas, la mayoría de los terratenientes se forjaron nuevas vidas urbanas exitosas.
En cuanto a Perú, después de un cuarto de siglo de estabilidad macroeconómica y rápido crecimiento, se ha convertido en una historia de éxito latinoamericana con una calificación crediticia de grado de inversión desde el 2008.
Ahora, unos 40 años después, estos bonos de la reforma agraria olvidados están sometidos a una disputa internacional. El mes pasado, Gramercy, un fondo compensatorio de Connecticut, presentó un reclamo de arbitraje contra el gobierno de Perú según la cláusula de inversión del acuerdo de libre comercio del 2009 del país con Estados Unidos.
Gramercy afirma haber comprado unos 10.000 de los bonos entre el 2006 y el 2008, y está demandando 1.600 millones de dólares por ellos. Ha realizado un cabildeo y una campaña de publicidad agresivos afirmando que Perú está en "incumplimiento de pagos selectivo", aunque los mercados financieros han mostrado indiferencia.
Hasta ahora, muy similar al caso en el cual los "fondos buitre" extrajeron 5.000 millones de dólares del nuevo gobierno de Argentina a principios de este año. Excepto que estos son bonos al portador –es decir, bonos no registrados– emitidos bajo la ley peruana como compensación, no como instrumento de inversión.
La disputa gira en parte en torno a cómo actualizar su valor, dado que Perú pasó por una hiperinflación y dos reformas monetarias después de que fueron emitidos. En el 2001, el Tribunal Constitucional dictaminó que los tenedores de bonos no pagados deberían recibir el "valor del mercado".
En el 2013, especificó que este debería calcularse tomando como referencia al dólar. Un decreto gubernamental luego estableció un procedimiento para el registro y una fórmula matemática compleja para el pago de los bonos. Gramercy afirma que el fallo del 2013 estuvo manipulado y dice que la fórmula ofrece solo 0,5 por ciento de lo que piensa que se le adeuda.
El gobierno responde que Gramercy hizo una compra especulativa a precios con fuertes descuentos debido a la incertidumbre legal que rodeaba al pago, algo que dice que la propia debida diligencia del fondo reconoció. Gramercy se niega a revelar cuánto pagó por los bonos, pero el gobierno dice que su reclamo le daría un rendimiento de hasta el 4.000 por ciento.
El propósito de Gramercy pudiera ser simplemente causar una molestia, con la esperanza de que el nuevo gobierno de Perú, el cual asume el 28 de julio e incluye a una gran porción de banqueros y hombres de negocios, haga una mejor oferta. Ciertamente, la fórmula de pago oficial, que aún no ha sido aplicada, parece como un ardid para evitar reevaluar los bonos y debiera ser revisada.
Sin embargo, hay asuntos más grandes en juego en esta disputa. Los tenedores de bonos peruanos ciertamente han recibido una justicia burda. Sin embargo, como escribió Enrique Mayer, un antropólogo peruano, sobre la reforma agraria: "La ironía es que los terratenientes, mientras se quejaban de la falta de debido proceso legal en la expropiación, eran aquellos cuyos padres y abuelos tan patentemente despreciaron las leyes o las manipularon arbitrariamente".
En suma, un intento riguroso de aplicar el régimen de derecho a la historia empezaría con los conquistadores.
La hiperinflación confiscó los ingresos, las pensiones y los activos de muchos peruanos. ¿Por qué solo los tenedores de bonos agrarios deberían ser compensados totalmente? Esta es una pregunta política, que los peruanos deben resolver, pero ninguna persona razonable interpretaría la apuesta especulativa de Gramercy en esos pagarés locales arcaicos como una inversión extranjera del tipo que el acuerdo de libre comercio debería proteger.
Al invocar el acuerdo, Gramercy está haciendo su parte en desacreditar el libre comercio y la globalización. Su caso debería ser desechado.