Barcelona, España. AFP.
Varias ciudades españolas encabezadas por Barcelona y Madrid se rebelan contra unos polémicos centros de reclusión de extranjeros irregulares dependientes del gobierno español, pidiendo incluso a la justicia su cierre al entender que vulneran los derechos humanos.
Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) son unas dependencias donde se recluye hasta un máximo de 60 días a los inmigrantes irregulares antes de ser deportados. En el 2014, último año con datos disponibles, 7.340 personas fueron retenidas.
Desde hace años, son muy criticados por numerosas entidades humanitarias que denuncian retenciones arbitrarias y violaciones de derechos en su interior e incluso la muerte de algunos reclusos cuando estaban bajo custodia policial.
La cuestión generó un conflicto entre el ministerio de Interior y el ayuntamiento de izquierdas de Barcelona, dirigido por la activista antidesahucios Ada Colau, que no renovó la licencia de actividad de un centro en la ciudad española exigiendo su cierre.
El gobierno conservador en funciones hizo caso omiso y negó la entrada al centro de inspectores municipales, por lo que el ayuntamiento decidió pedir judicialmente una inspección para proceder posteriormente a su precinto.
Son "agujeros negros de los derechos humanos", aseguró este lunes Colau tras una reunión con el gobierno regional de Cataluña que se sumó a la iniciativa, así como otras ciudades españolas, dirigidas también por partidos y plataformas de izquierdas afines al partido antiausteridad Podemos.
Según un informe de una ONG jesuita en el 2015, en el centro de Barcelona los inmigrantes duermen en celdas que semejan las de una prisión, sin sanitarios, y cuyas puertas son cerradas con llave por la noche.
"Resulta una vulneración de los derechos humanos que haya personas que estén privadas de libertad sin haber cometido ningún delito, simplemente por una cuestión administrativa", afirmó ayer la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, añadiendo que sólo en un 17% de los casos el recluso acaba siendo deportado. Carmena anunció la formación de un comité para fiscalizar el funcionamiento del CIE de Madrid y buscar métodos alternativos para resolver la situación de estos inmigrantes.