Por Enrique Vargas Peña

Entrando en la noche del viernes, hora paraguaya, el mundo fue testigo de un intento de golpe de Estado en Turquía, uno de los países más importantes del mundo, la décimo séptima economía del planeta, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), asociado a la Unión Europea, integrante del G-20 y de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), entre otras.

Para entender rápidamente el contexto de la situación, hay que recordar que la república turca fue fundada por el general Mustafá Kemal, Ataturk, quien estableció la democracia y, principalmente, expulsó a la religión del Estado separándolos drásticamente.

Las Fuerzas Armadas turcas, en consecuencia, están históricamente ligadas al legado secularista de Ataturk y, de hecho, protagonizaron varios golpes de Estado contra gobiernos democráticamente electos encabezados por partidos religiosos en 1960, 1971, 1980 y 1997.

El actual gobierno turco, que está en el poder desde el 2002 por las sucesivas mayorías que obtuvo en varias elecciones, está formado por un partido religioso, el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), que ha venido tomando medidas que mucha gente considera contrarias a la separación entre religión y Estado y a la democracia, que son los fundamentos de la república turca.

Por ejemplo, el oficialismo turco está tratando de desmontar la independencia y la integridad del sistema judicial "interfiriendo en la promoción de jueces y fiscales", según los reportes del 2015 y del 2016 del Parlamento Europeo (http://bit.ly/29KJRJH).

En Turquía la libertad de expresión está siendo crecientemente amenazada desde el gobierno por varias vías (http://bit.ly/29KTdFs), aunque se mantienen las salvaguardas legales que otorgan la protección de las normas de la Unión Europea al ejercicio de la crítica al gobierno. Sin embargo, la visión que muchos tienen de la democracia turca no es optimista (http://atfp.co/1kSerVo).

Muchos analistas, pues, están insinuando que el intento de golpe en Turquía fue una especie de ejercicio del derecho de resistencia a la tiranía (http://bit.ly/29LdERf) (http://bit.ly/29Y3cI6) (http://cnn.it/29EuIZH), consagrado desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos (http://bit.ly/29CvERG); reconocido también expresamente en el Artículo 138 de nuestra Constitución (http://bit.ly/29CuDcx).

Justamente, en una entrevista que le hicimos en "Tierra de Nadie" en la 970AM el pasado martes 12, la abogada Katya González, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, justificó el uso de la fuerza y el desconocimiento de "la letrita" de la ley por el caso Curuguaty argumentando el mencionado Artículo 138 (http://bit.ly/29ApnHq).

Los golpistas turcos y Katya González nos obligan a revisar el derecho a resistir tal como lo sostuvieron sus formuladores, especialmente John Locke (http://bit.ly/1OHUn3X) y Thomas Jefferson (http://bit.ly/1Kr326U): "La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada".

El propio Locke no tenía simpatía alguna por quienes con motivos leves y transitorios atacan el imperio de la ley: "Cuando alguien, habiendo renunciado a la razón… ha, con injusta violencia y sacrificio, atacado a una persona, ataca a toda la Humanidad y, en consecuencia, debe ser destruido… como a una bestia con la que el hombre no puede tener sociedad ni seguridad" (http://bit.ly/29XXRki).

Discernir y diferenciar motivos leves y transitorios de motivos graves y permanentes fue siempre causa de gran controversia, pero creo que hay algunas claves que permiten abordar el asunto con mayor claridad.

El propio Jefferson mostró el camino en su "Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa", donde señaló que "…la Verdad es grande y prevalecerá si no se impide su difusión, ella es la apropiada y suficiente antagonista del error y nada tiene que temer de la controversia, salvo que sea desarmada de la libertad de argumentación y debate por interposición humana; los errores dejan de ser peligrosos cuando es permitido contradecirlos libremente (http://bit.ly/29QA06J).

Es decir, mientras haya libertad plena para discutir no cabe recurrir al derecho de resistencia. Está claro que, en sentido contrario, si las amenazas a la libertad plena para discutir empiezan a ser restringidas, entonces deben activarse las alarmas de la sociedad, aunque eso no justifica aún un golpe militar ni autoriza a pisotear las leyes como propone Katya.

El uso de la fuerza en el marco del derecho a resistir es muy peligroso, principalmente porque puede derivar en cambiar un autoritarismo por otro, como ocurrió en Chile el 11 de setiembre de 1973 con el golpe militar contra Salvador Allende o en Venezuela el 2 de abril del 2002 con el golpe contra Hugo Chávez.

Nadie eligió a Katya González, por ejemplo, para decidir qué leyes hay que cumplir y qué leyes no hay que cumplir en nombre del derecho de resistencia. El Congreso Democrático del Pueblo, aquí en nuestro país, reclama en nombre del mismo derecho, instituir una "Junta Patriótica" con la suma del poder en reemplazo de todas nuestras instituciones y de nuestra Constitución (http://bit.ly/1OhTA6f).

La dictadura venezolana, tal como la conocemos hoy, es el resultado directo de aquel golpe de abril en el que un grupo de personas se arrogó la suma del poder y fue derrotado por Chávez dándole la excusa que necesitaba para demoler la institucionalidad de Venezuela.

Desde luego, cambiar un autoritarismo por otro no es el objetivo del derecho de resistencia. Decía Jefferson en la ya mencionada Declaración de Independencia de Estados Unidos que solamente "cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad".

El derecho de resistencia no lo pueden expresar los militares, sino la sociedad entera con el objeto de precautelar sus derechos conculcados. Los militares pueden ocasionalmente ser instrumento de ese derecho como ocurrió aquí el 3 de febrero de 1989 y la diferencia entre este pronunciamiento militar y el de Turquía se nota cuando se recuerda que aquí no se restringieron libertades, sino que se reconocieron; no se censuró a la prensa, sino que se abolió la censura y no se cerró el proceso político, sino que se abrió.