Sostienen que "simulando desconexión, se suman quienes pretenden instalar la lucha de clases, provocando al orden constituido, mediante las críticas a las decisiones judiciales, distorsionando los hechos (caso Curuguaty); poniendo a prueba las instituciones democráticas y republicanas, organizando actos de fuerza, algunas -aparentemente- irrelevantes por su dimensión, pero trascendentes por su significado, como la toma del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial". En otro momento, los empresarios hacen alusión al Congreso Nacional, en donde se habla de la conformación de comisiones de investigación a nivel nacional e internacional del proceso que terminó con el fallo ya conocido. "Reconocemos la pluralidad de pensamiento social, las diferencias inevitables en la manera de pensar y el derecho de disentir, pero no podemos aceptar que esas divergencias pretendan ser impuestas a través de la violación de los derechos de los demás, haciendo apología del delito...desde el curul legislativo, ignorando la soberanía nacional y el equilibrio de poderes al pretender avasallar otros poderes con comisiones de investigación...", indican al respecto.

Cabe mencionar que 4 de los11 labriegos que fueron detenidos el mismo día de la masacre (15 de junio del 2012), donde también fallecieron 11 ocupantes de las tierras en conflicto, ya se encuentran en libertad por compurgamiento de pena, porque fueron sentenciados a 4 años de privativa de libertad. Otro grupo, conformado por 3 mujeres, fue beneficiado con medidas alternativas y cumplirán sus penas en sus respectivos hogares (2 años).

El resto de los condenados se encuentra en la cárcel de Tacumbú, en donde guardan reclusión. El que recibió mayor pena carcelaria es Rubén Villalba (30 años, más 5 por peligro de fuga), considerado el líder del grupo campesino e identificado como uno de los tiradores, según la Fiscalía.