Tras un proceso que se extendió por más de un año, la Justicia finalmente dictó fuertes sentencias para los principales implicados en el caso de la masacre de Curuguaty, donde murieron seis agentes de la Policía y 11 campesinos.

El tribunal se allanó a los alegatos del Ministerio Público y dejó constancia ayer que los acusados eran culpables por distintos hechos punibles que se suscitaron en este espinoso caso ocurrido el 15 de junio del 2012, uno de los días más sombríos de la historia reciente del Paraguay.

Aquella fatídica mañana un grupo de agentes de la GEO participó de este fallido operativo policial que tuvo la anuencia del entonces ministro del Interior Carlos Filizzola, que era el encargado de la seguridad interior bajo el gobierno de Fernando Lugo.

Ese operativo fue el que desencadenó la masacre que enlutó a varias familias de labriegos y policías y que aún hoy esa herida está en proceso de cicatrización. Ninguna autoridad de ese entonces se ha hecho cargo de la responsabilidad histórica, producto de ello es que precisamente ayer el responsable político de la masacre, el senador Fernando Lugo, se paseaba entre los manifestantes en las adyacencias del Palacio de Justicia tratando de limpiar en parte su conciencia.

Diversas organizaciones de lucha por los derechos humanos así como entidades y activistas consideraron el juicio una manipulación a la medida del Ministerio Público para criminalizar la lucha social. Sin embargo, ayer el Tribunal de Sentencia, presidido por Ramón Trinidad Zelaya, dejó constancia que todas las pruebas fueron evaluadas y sopesadas y que la sentencia es un reflejo de las mismas que fueron arrimadas por los agentes fiscales.

Más allá de los cuestionamientos al proceso, los fallos de la Justicia no se cuestionan, simplemente se acatan. Hay que recordar aquí que el fallo es apenas de primera instancia y que la ley prevé el mecanismo para contestar, oponer, reclamar u objetar la decisión ante un tribunal de alzada, primero; ante la Corte Suprema y ante la misma Corte Interamericana.

Y para alcanzar este fallo no pueden interponerse obstáculos que vulneren la esencia de buscar justicia ante una situación de la magnitud de la matanza ocurrida hace 4 años. Esa mañana nefasta llevó el luto a decenas de familias, tanto entre las fuerzas públicas como entre los labriegos. A este afán de equidad no pueden interponerse ni presiones ni intimidaciones, así como injerencias de ninguna laya.

Ayer, el magistrado Trinidad, al comenzar el acto donde se anunciaba las sentencias del caso Curuguaty, indicó que los magistrados se declaraban competentes para atender el caso, pese a que durante el proceso la defensa cuestionó la actuación a través de recusaciones –y de chicanas, habría que añadir– y criticó a organizaciones políticas, sociales y eclesiásticas porque durante todo el proceso "tergiversaron y crearon conjeturas que no condicen con la realidad" y aclaró que "no recibieron injerencia ni orientaciones de otro órgano, señalando que, como corresponde, "las sentencia se basó en las pruebas presentadas por los fiscales".

De hecho, la presión de esas organizaciones estaba presente en todo el entorno del Palacio de Justicia, con manifestaciones, aunque se olvidó de mencionar a las de derechos humanos, que notablemente han actuado más al estilo de las patotas y las barras bravas que de gente de derecho y humanistas.

No hubo ni siquiera tiempo para que se anunciaran las sentencias cuando gran parte de los que ocupaban la sala judicial interrumpieron a los gritos la exposición. No habían asistido, evidentemente, para escuchar la sentencia y actuar de acuerdo a lo que corresponde a un proceso, sino para presionar, de forma que el acto terminó convertido en una bolsa de gatos, con acciones que violaron todas las medidas de comportamiento y seguridad que corresponden en tales circunstancias en derecho, medidas que se supone las organizaciones de derechos deberían conocer sobradamente.

Es decir, que quienes denuncian que hay presiones para condenar a los procesados ejercen presión, y fuerte, para amedrentar a los jueces, exigiendo que sean declarados inocentes.

En general y en teoría, todos estamos de acuerdo en criticar a la Justicia por su vulnerabilidad ante las presiones de los poderosos, así como proclamar públicamente que hay que respetar la independencia de los jueces como máxima primordial del ejercicio de impartir justicia. Es una de las condiciones básicas para garantizar el principio fundamental de la igualdad ante la ley.

En este caso, como ha venido ocurriendo desde el inicio del proceso, los defensores de derechos y principios han venido presionando abiertamente, sin el mínimo pudor, a los jueces para que se asusten de la presión pública, que es también un poder.

En la práctica, pareciera que, más que respetar el derecho y tratar de agotar las alternativas procesales, la gran mayoría opta por la vieja ley del mbareté que sigue vigente, pese a la caída de la dictadura, recurriendo al uso de la fuerza que tiene a disposición para presionar y hasta violentar, como en este caso, los procesos judiciales.