De: Jorge Cohler
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Esta situación se inició en la mañana del 15 de junio del 2012, cuando 326 policías ingresaron a Marina Cué para desalojar a un grupo de aproximadamente 60 campesinos que habían ocupado el sitio hacía poco más de un mes.
Los policías y antimotines quisieron ingresar al predio con una orden judicial para el desalojo, lo que generó un enfrentamiento, que ha causado numerosas hipótesis, no así para la Fiscalía que sostiene que fue una "emboscada". Ocurrió aproximadamente a las 7:30, a 1.600 metros de la Ruta 10 Las Residentas, del kilómetro 282.
El procedimiento fiscal-policial fue encabezado por el director de la Cuarta Zona Policial, comisario general inspector Arnaldo Sanabria; el jefe de Policía de Canindeyú, comisario principal Pablino Vera, y el jefe de Orden y Seguridad de este departamento, comisario principal Miguel Anoni, además de los fiscales Diosnel Giménez y Ninfa Aguilar, quienes tenían en su poder una orden de allanamiento firmada por el juez penal de Garantías de Curuguaty, José Benítez.
Los labriegos aseguraban que las dos mil hectáreas de Marina Cué eran del Estado, ya que en 1967 la empresa La Industrial Paraguaya SA donó las tierras a la Marina paraguaya –de allí el nombre Marina Cué– y posteriormente en el 2004 fueron declaradas de interés social para la reforma agraria.
La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, se había apropiado de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión, buscando que los campesinos sean desalojados mediante una orden otorgada por el juez José Benítez. El Estado paraguayo entró en litigio para recuperar la propiedad y más de una oportunidad se exhortó a la familia Riquelme a entregar las tierras durante el gobierno de Federico Franco, que asumió tras tras la destitución de Lugo.
El enfrentamiento que derivó en lo que se conoce "Masacre de Curuguaty" tendrá su definición judicial, pero hasta ahora no se determinó el conflicto de tierras.