El Poder Judicial ordenó a la Aduana devolver –una vez más– una carga de perfume que ingresó al país sin tener los registros sanitarios. Sin embargo, en esta ocasión, existe un elemento que hace la situación más grave: El cargamento ni siquiera llegó a despacharse, por lo que ingresó sin pagar tributos, o sea, de contrabando.
Se trata de una carga que llegó al país a mediados del año pasado, a nombre de la firma Bega Import Export y que, a raíz de una denuncia que pesaba sobre el cargamento, estaba bajo custodia de la Fiscalía. Sin embargo, hasta finales del año pasado, el contenedor con la carga estaba todavía retenido en la Aduana Ceregral, Fernando de la Mora.
Empero, a pedido de la fiscala de la Unidad Nº 3, Nancy Salomón, el cargamento fue enviado hasta el depósito fiscal más cercano. La agente fiscal estaba investigando un presunto hecho punible contra la propiedad intelectual, es decir, la existencia de mercaderías falsificadas que habrían ingresado con este contenedor, que contenía perfumes, cremas y cremas perfumadas, de diferentes marcas.
Ayer, el administrador de la Aduana de Ceregral, Luis Barrientos, informó a La Nación de que él mismo solicitó en tres oportunidades a la Fiscalía que la carga sea devuelta a este recinto aduanero, ya que la misma no había sido desaduanizada aún.
O sea, todavía no se hizo el despacho del cargamento, por lo que no se habían cobrado los tributos correspondientes. Es más, la carga ni siquiera pasó por las secciones de Visturía ni de Valoración en la Aduana, que son los departamentos que podrían determinar el valor real de la carga.
No obstante, el pasado 5 de mayo, la abogada Blanca Rojas de Brítez, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo, emitió la Resolución Nº 451 mediante la cual ordenó la entrega de todas las mercaderías a la empresa Bega Import Export.
Como el cargamento estaba bajo custodia fiscal, la carga nunca fue despachada. Con esto, la actuación judicial no hizo otra que cosa que permitir el ingreso prácticamente de contrabando de estos productos, ya que no se pagaron los tributos correspondientes establecidos en el Código Aduanero.
En caso de que la pesquisa fiscal finalmente no haya determinado algo anormal en cuanto a la falsificación, entonces tenía que devolver la carga a la Aduana Ceregral para hacer los ajustes correspondientes y establecer los impuestos que correspondían, según cada mercadería.
Un monto "simbólico"
Dentro de este raro procedimiento, existe una suma consignada judicialmente, de G. 64 millones, que fue establecido casi como una especie de "garantía" por el tributo que se tenía que pagar, en caso de que estos productos fueran entregados, que es finalmente lo que ocurrió. Sin embargo, desde la Aduana confirmaron a La Nación que resulta imposible determinar cuánto es lo que se tenía que pagar en impuestos por esta carga, ya que la misma nunca se despachó.
En efecto, explicaron que los tributos aduaneros se establecen a partir del valor imponible que tiene un producto, que puede variar de acuerdo a sus características comerciales. En el caso de los perfumes, cremas y otros, ya se tiene pactado el monto en uno de los impuestos a pagar por productos.
Sin registro sanitario
Desde diciembre del 2014, la importación de perfumes y cosméticos a Paraguay empezó a tener otra regulación, a partir del Decreto 2.881 de ese mes. En dicha reglamentación se estableció, como un requisito fundamental para ingresar perfumes y derivados al país, la tenencia de un registro sanitario por parte de la empresa importadora, que debía estar habilitado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud. Sin este documento, cualquier importadora tenía prohibido ingresar estos productos al mercado paraguayo.
Este registro sanitario establece una serie de reglamentaciones para ingresar perfumes y afines, y tiene, como punto principal, determinar la calidad del producto que va a ingresar a fin de que no sea tóxico o peligroso para la salud humana o animal.
Bega Import Export, en cuyo directorio figura Denis Vera, Rolando Galeano y Hamy Safia, está afincado en Ciudad del Este y es una de las empresas que fue beneficiada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una inconstitucionalidad para que sus cargas eviten tener el registro sanitario para poder ingresar sus cargamentos.
El cargamento que en esta ocasión fue entregado a la firma propietaria sin pagar tributos, se suma a varias cargas que desde el 2014 –y a pesar de que existe un decreto (2881) ya reglamentado– igual son entregadas a esta y otras empresas. A Bega Import Export se suma la empresa Thompson INTL (de Benjamín Garay) como otra que cuenta con la inconstitucionalidad a su favor. El año pasado, la firma Pole SA, en cuyo directorio figura Reinaldo Darío Poletti Torres –sobrino del actual miembro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser–, también solicitó esta medida.