La Cámara Alta rechazó el Proyecto de Ley "Que declara el Estado de Excepción en el Departamento de Amambay", que había sido presentado por los Senadores Miguel Abdón Saguier, Blanca Lila Mignarro y Fernando Silva Facetti, ante los sucesivos hechos de violencia que se vivieron durante las últimas semanas en Pedro Juan Caballero.
Al respecto, el senador liberal y presidente electo del Senado, Robert Acevedo, mencionó que "hasta la fecha no se ha tenido resultados satisfactorios, al contrario, va empeorando la situación específicamente en el Departamento de Amambay, Cruz del Norte, Concepción y San Pedro. Hay una total ausencia del Estado en materia de seguridad, la ciudadanía está en vilo y con temor".
Aseguró que en estos momentos no existe un trabajo de inteligencia por parte de los organismos preventivos y que la lucha contra el narcotráfico se limita solo a la destrucción de plantaciones de marihuana, "no digo que eso esté mal, pero tenemos el tráfico de cocaína, de crack y otras drogas que no tienen ningún combate", dijo Acevedo.
"La solución no pasa por declarar el estado de excepción -que implica dotar de mayores facultades al ejecutivo- ya que durante la vigencia se pueden restringir derechos constitucionales como reuniones, manifestaciones, ordenar detenciones vía decreto, son muchas arbitrariedades", aseveró el senador Robert Acevedo.
Según Robert Acevedo -que proviene de la ciudad de Pedro Juan Caballero- los ciudadanos del lugar no están de acuerdo con el estado de excepción, ya que anteriormente tampoco se habían obtenido resultados.
"Las herramientas no están siendo utilizadas debidamente. La gente de PJC no está de acuerdo con esta declaración, por los resultados negaTivos que ya se tuvieron en el pasado. Los trabajadores son los que pagan el pato porque son molestados, sin embargo los verdaderos narcos que cometen estos hechos están tranquilos, sin que nadie los moleste, esperando que termine el estado de excepción para volver a actuar", aseguró.
Por su parte, Eduardo Petta, senador del Partido Encuentro Nacional (PEN), en concordancia con Robert Acevedo, explicó que el estado de excepción implica un gasto innecesario cuando la solución es utilizar las herramientas ya existentes para combatir el narcotráfico.
"Si vamos a operar con servicios de inteligencia, entonces que lo hagan y que funcionen las instituciones como Senad, el Ministerio Público o la Policía Nacional. Las tareas de las Fuerzas de Tareas Conjuntas son para que operen en PJC sin embargo, lo que se conoce, es que hacen de seguridad a algunas determinadas estancias. Están aproximadamente 350 en la capital, asignados a cuidar fiscales, jueces, y algunas autoridades. Aproximadamente 250 en el interior de PJC, viendo pasar mariahuana, cocaína", aseguró Petta.
Finalmente, los senadores coincidieron en que declarar estado de excepción, sería un gasto más del dinero público para algo que no tendría verdaderos resultados, cuando son las instituciones - y mencionando específicamente a la FTC- las que deberían cumplir con las obligaciones designadas.