Hoy a las 9:00 estaba previsto que Librado Sánchez asumiera la intervención administrativa de Autores Paraguayos Asociados (APA) por seis meses, en sustitución de la comisión directiva, cuestionada por irregularidades; pero la acción judicial se aplazó debido a que el abogado Rubén Ayala Bogado interpuso una recusación a la jueza Karen González, quien había dado luz verde a la solicitud de 40 socios, preocupados por la gestión de sus derechos.

El abogado argumentó que como en el mismo pedido se había formulado la suspensión de la asamblea del pasado 27 de marzo, se desestimaron las otras medidas cautelares, incluyendo la intervención. Ayala, que dice representar a la entidad a cuyos socios perjudica con esta chicana, opina que al pedido le anula un fallo del Tribunal Electoral sobre una asamblea del 2015.

Con esta acción, el expediente pasó al siguiente juzgado. Se estima que, en cuatro meses, esta asesoría legal ya le costó a los socios de APA más de G. 400 millones. Por otra parte, la administración de la entidad decidió suspender los derechos laborales de los empleados, con lo que no se les abonará sueldos. No obstante, Dinapi informó que APA retiró G. 224 millones el 21 de junio, para pagar sueldos del personal.