Con la reciente divulgación de la lista de carreras universitarias que no tienen la debida acreditación de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y la existencia de una cantidad aún indeterminada de personas con títulos expedidos sin esta certificación, vuelve a ponerse sobre la mesa del debate nacional un tema de extrema urgencia e importancia: la calidad de la educación, en este caso la que se imparte en las universidades, públicas y privadas.
Nuestro país sufre un verdadero carnaval en este sentido. Con poco más que un galpón y una pizarra ya se habilitan nuevos centros educativos con la facultad de expedir títulos de licenciatura o doctorados en cualquier rama del saber humano.
La explosión descontrolada de universidades privadas es un claro síntoma de un creciente deterioro de la educación superior en Paraguay. Institutos y universidades de todo tipo han saturado la oferta educativa, pero una gran parte de ellas sin disponer siquiera de las condiciones materiales, técnicas y humanas más básicas. Se trata de fábricas de títulos y diplomas académicos, los cuales son entregados a todo aquel que tenga la posibilidad de cubrir los costos de las cuotas y aranceles, sin que se preste demasiada atención al rendimiento del estudiante, a la carga horaria o a la demostración efectiva de que se han adquirido los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. Con el pretexto de ampliar la oferta educativa y de responder a una necesidad de la sociedad se ha terminado por transformar a la educación superior en una mercancía de mala calidad.
La educación superior no puede ser dejada en manos de comerciantes que solo buscan lucrar. No rigen en este campo las mismas consideraciones de otras actividades económicas privadas, en las que la regulación proviene exclusivamente de las fuerzas que operan en el mercado. La formación de nuestros técnicos y profesionales es un asunto de la mayor importancia estratégica para la nación, y el Estado debe involucrarse absolutamente en él. Solo a través de la educación de calidad –en todos los niveles– tendrá posibilidades el Paraguay de superar la pobreza y el atraso y alcanzar el anhelado crecimiento económico y el desarrollo social. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de establecer y asegurar estándares de calidad en las universidades públicas y privadas.
Para lograrlo es indispensable dotar a los organismos pertinentes de los recursos financieros, técnicos y legales para ejercer efectivamente un papel fiscalizador y orientador de la educación universitaria. En concreto, la Aneaes y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) deben ser jerarquizados y fortalecidos, mediante la asignación de un presupuesto acorde a la importancia de su misión. Sin estas medidas, la preocupación por el futuro de la educación superior en Paraguay no pasará de meras declaraciones, de buenas intenciones y poco más.
El Estado tiene la obligación de velar por el derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad, haciendo inversiones en sus propios instituciones y también asegurando que quienes estudien en centros privados no sean estafados y adquieran efectivamente las capacidades indispensables para el trabajo profesional. Es de esperar que se adopten sin pérdida de tiempo las medidas para ofrecer esta garantía a los ciudadanos, más allá de los poderosos intereses que pudieran estar involucrados.