De la reunión que mantuvieron ayer autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) no salió ninguna solución concreta con respecto al caso de los estudiantes que fueron estafados por las universidades garaje.

Unos 6.000 jóvenes solicitaron el registro de sus títulos al MEC y rebotaron porque las universidades e institutos donde realizaron sus estudios no están habilitados por el CONES, ni acreditadas por la Aneaes. A raíz de esta situación, la cartera educativa convocó a los titulares de ambas entidades rectoras de la educación superior en el país, para buscar una salida a los universitarios que exigen sus títulos.

Al respecto, Enrique Riera, ministro de Educación, propuso trabajar de forma articulada con el CONES y la Aneaes para dar una solución a la problemática instalada en la educación superior. Propuso la reinserción de las personas afectadas por el fraude en otras instituciones legalmente habilitadas con sellos de calidad, y planteó elaborar un listado de todos los estudiantes y la nómina de las instituciones embaucadoras.

Tanto el titular del CONES, Hidelgardo González, como el de la Aneaes, Raúl Aguilera, acusaron a los sectores políticos de blindar el negocio de las universidades privadas ya que utilizan la inversión de los estudiantes para financiar sus campañas políticas. Además, dijeron que castigan a los entes rectores de la educación superior negándoles la asignación presupuestaria que solicitan para ejercer sus roles.

Riera manifestó que se debe trabajar en el fortalecimiento del CONES y la Aneaes, que no tienen suficientes recursos financieros ni humanos para atender la demanda. "A pesar de tener las competencias, no se les dio todos los recursos por intereses ajenos a la educación. El negocio de las universidades e institutos privados genera anualmente 50 millones de dólares de ganancia", sentenció Riera.