El Consejo Directivo (CD) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se reunirá el próximo martes 7 de junio en sesión ordinaria donde se discutirá sobre los avances de las investigaciones en cuanto a la filtración de exámenes de admisión.

En este sentido, el decano de la mencionada casa de estudio, Ricardo Meyer, no descarta la posibilidad de dictar nuevos sumarios contra más involucrados en el supuesto hecho de venta de temas de exámenes.

Meyer aseguró que los sumarios, a parte del dictado contra el director del Curso Probatorio de Admisión (CPA), Quintín Ramírez, y sus secretarios Yerutí Marín y Gustavo Fretes, hay otros que son innominados en la investigación con el objetivo de saber quién estuvo atrás de los fraudes a favor de las postulaciones. En este sentido, afirmó de forma tajante que no se descarta la posibilidad de ir sumando más sumarios contra personas implicadas en las filtraciones de resultados.

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Añadió, además, que el martes el CD tendrá sesión ordinaria y que el primer punto del orden del día será comunicar sobre los informes de las investigaciones que se abrieron tras las denuncias de irregularidades.

"El sumario es innominado, porque es una investigación para ver quién está involucrado, tanto del lado de los estudiantes como del de los funcionarios. Entonces, a partir de la denuncia, iniciaron las investigaciones", señaló Meyer.

Añadió, además, que se tuvieron que anular los exámenes, ya que nadie puede saber quiénes fueron los estudiantes que tuvieron acceso a esas pruebas filtradas.

SEGUNDA ETAPA

El Consejo Directivo resolvió anular todos los exámenes de la segunda etapa sumatoria del curso de admisión, atendiendo a un pedido de la comisión de padres de postulantes, no así dejar sin efecto todo el proceso como era la intención del consejo para descartar cualquier tipo de corrupción en los exámenes de ingreso.

El curso sigue, ya que no quedó sin efecto, y la segunda prueba escrita no cuenta aún con fecha definida pero, según Meyer, se pretende acelerar las investigaciones para que en 60 días de plazo establecido ya se puedan desarrollar la prueba parcial faltante y la finalísima.

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