El estado calamitoso de la educación pública de nuestro país es resultado de largos años de relegamientos y postergaciones, acicateado en las últimas décadas por la corrupción, la inoperancia y por una fuerte influencia de los operadores políticos, muchos de los cuales convirtieron las dependencias del Ministerio de Educación en oficinas partidarias.

El influjo de la política ha sido innegable y fue el factor que ha contribuido decididamente a la mediocridad de cuadros docentes. Cuando una cartera de la importancia como es la educativa se desvía de sus postulados principales, el de la enseñanza de los hijos de la República, es allí que se comete el mayor atentado a la formación del futuro de un país. Mientras que en lugar de contratar a maestros comprometidos con la educación se privilegió a los operadores políticos, mientras se dejaba de lado la capacitación y el adiestramiento de los educadores, poco a poco el nivel de excelencia al que tienen derecho los estudiantes del país iba perdiendo peligrosamente su batalla ante la ineptitud y la incompetencia.

Cambiar este estado confuso, enredado y hasta caótico implica tiempo y firmeza. No es un proceso inmediato. Se precisa de tiempo en razón de que los grandes cambios y las transformaciones no devienen de la noche a la mañana. Y firmeza para convertir aquello que alguna vez fue un trampolín político en una oficina pública eficiente, prolija e inclusiva.

Marta Lafuente ha tenido que lidiar con esta herencia calamitosa y ha sabido con el correr de los años de gestión al frente de esta delicada tarea educativa afrontar con valentía estos difíciles retos.

En ese camino, no solo ha encontrado trabas, sino también impedimentos y limitaciones presupuestarias o legales. No hay que olvidar que la Ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) le impone condiciones que están fuera del control del MEC, como la intervención y uso de este dinero, que gran parte es administrado por los gobiernos municipales o gubernamentales. Casi un centenar de municipios no ha presentado rendición de estos fondos que deben ser asignados en forma racional y eficiente, mientras que otros distritos han utilizado estos fondos para otros menesteres: este dinero debe ser destinado a la educación y a la inversión en la infraestructura de escuelas y colegios de la República.

La carencia de una infraestructura adecuada ha sido el mayor déficit de la gestión no solo de este gobierno, sino de los que antecedieron a Lafuente. No cabe duda de que esta limitación restringe seriamente toda iniciativa que desde el MEC se haya podido aplicar en cuanto a dotar de infraestructura apropiada a las instituciones educativas de la República.

Por supuesto, en este proceso el camino transitado no ha sido fácil. También se han cometido errores y equivocaciones que pudieron haberse evitado, pero más allá de haber incurrido en ellos, la gestión saliente no se apartó de su gran desafío y responsabilidad: una educación de calidad y terminar con la dilapidación de fondos.

Apuntando a la calidad de los cuadros docentes y de eficiencia administrativa, Lafuente quizás haya cometido su mayor "pecado": el despido de casi un millar de empleados sin funciones, muchos de ellos ingresados sin concurso y con acomodo políticos, y el rechazo a la presión política o sindical para realizar nombramientos en cargos como supervisores o directores.

Es esperable que la primavera estudiantil, que se ha dado por justas reivindicaciones, no quede ensombrecida por estos lóbregos antecedentes que ponen de realce que la cuestión de fondo va más allá de una persona. Ese sistema, que aún permanecerá, es el que hay que atacar.

Es una pena que ayer una enemiga de ese sistema se haya sido.