Por Clari Arias
@clariarias
En las últimas semanas hemos sido testigos del descubrimiento de los exagerados montos que paga el Estado a proveedores de toda índole. Es así que para la administración pública todo es de oro: agua de oro, jugo de oro, chipitas de oro y hasta garrafas de oro. A través de la prensa –cuándo no– se han divulgado los costos de distintos servicios cotizados muy por encima del valor de mercado cuando el cliente es papá Estado. En la mayoría de los casos, la luz que echó el periodismo sobre las contrataciones públicas solo fue estruendo de feria, ya que eran montos pequeños dentro del monstruo de 2 mil millones de dólares/año que paga el Estado a proveedores que venden, desde comida hasta armamentos.
Pero el caso Petropar fue distinto. En un artículo de investigación de la veterana periodista Nacha Sánchez del diario Abc Color, se ventiló un megafato en la licitación de compra de 200 mil garrafas. En un breve y sencillo acto los muchachos pretendieron cargar sobre nuestras espaldas una sobrefacturación de casi 4 millones de dólares. ¿Qué tal? ¡Linda plata para la jubilación! Para ser sinceros y comenzar de una buena vez por todas a reconocer a los periodistas que con su trabajo salvan nuestros bolsillos de más saqueos, no es la primera vez que la señora Sánchez arremete contra la corrupción en Petropar, y no es la primera vez que tumba a un presidente de esa institución. El grandioso presupuesto autónomo que allí se maneja, sumado a los estratégicos productos que vende (derivados de petróleo), son hechos que han convertido a Petropar en la oficina estatal más deseada por los corruptos de turno, solo superada por Aduanas en ese maléfico ranking del botín político.
El presidente Cartes, en una acertada decisión, ordenó a su ministro de Industria (Petropar está incluido en el organigrama del MIC) parar la vergonzosa licitación, y ante las evidencias que le presentaron, horas después decidió remover a Romulo Campos de la presidencia del ente. Doble acierto presidencial. Luego, por primera vez en la transición democrática, un presidente de la República apuntó al corazón de la corrupción de los entes estatales: las Unidades Operativas de Contrataciones, conocidas por sus siglas UOC.
En las famosas UOC se arreglan y se negocian todas las licitaciones para las provisiones del Gobierno. Es en esas oficinas donde funcionarios públicos e inescrupulosos mercaderes dibujan pliegos de bases y condiciones, dirigidos a marcas y empresas amigas. Es en las UOC donde se liquidan a sanos e inocentes competidores, y no en subastas electrónicas o en aperturas de sobres. Es en las UOC en donde caen heridos de muerte los presidentes de entes o los ministros del Poder Ejecutivo. Es en las UOC donde se pergeñan los asaltos más grandes al erario público, a veces lamentablemente en connivencia con funcionarios superiores. Por lástima, contadas son las oficinas públicas que tienen funcionarios honestos y leales en las Unidades Operativas de Contrataciones.
No importa quién gobierne, si un sacerdote, si un esquizofrénico, o un empresario tabacalero, los mafiosos siempre estarán en las estructuras gubernamentales. Estarán allí, porque nunca se han ido de sus lugares. No les importa el color que gobierne en el Palacio de los López; para ellos los plazos quinquenales son una anécdota del tiempo, porque a cada hombre o mujer que llegue al poder, ellos intentaran arropar con sus trampas y dinero sucio. Y los nuevos caerán otra vez en la corrupción.
Estoy esperanzado de algunos gestos del presidente Cartes. Aunque tardíos, son gestos que parecen apuntar por fin a no permitir actos de corrupción en las oficinas públicas. Lo triste es que todas son reacciones al trabajo de denuncia de la prensa, y ni uno solo al trabajo de las oficinas de anticorrupción creadas en casi todas las instituciones gubernamentales. Como en Petropar, que también tiene su oficina anticorrupción que nunca vio nada. Ni siquiera una garrafa.