Por Carlos Talavera
Socio de ADEC
Las protestas de campesinos, cooperativistas y otros sectores afines han agravado la confusión y el desatino, tanto de los políticos como de los movimientos sociales – y ni qué hablar de los medios de comunicación y las redes sociales–. Rescatar algunos elementos de racionalidad de ese caos se vuelve una tarea impostergable para encontrar soluciones viables.
Se han instalado mesas de diálogo y concertación – por no usar la palabra "negociación", que para muchos tiene olor a concesiones bajo la mesa, pero que es perfectamente legítima si se la usa en el sentido de buscar soluciones en conjunto donde todas las partes ganen y mejoren su relación–. Desafortunadamente, ese no parece ser el enfoque con el que las partes –el Gobierno y los actores sociales– están buscando salidas, y sí aparenta justificar aquel sentido fraudulento de buscar las máximas ventajas con el mínimo de concesiones.
Las acciones incoherentes que ha encarado el Gobierno en esta materia no son diferentes a otros empeños bien intencionados, pero carentes de una visión y un sentido de propósito en otras áreas de la gestión pública. Tampoco se trata de crear expectativas desmesuradas, porque soluciones definitivas no existen, sino un proceso progresivo de búsqueda, experimentación y evaluación.
En ese sentido, la discusión sobre condonación o refinanciación de la deuda campesina desvía la atención de los problemas reales de la agricultura familiar, y propone alternativas que por sí solas no son sostenibles. La condonación hará que los favorecidos dejen de ser sujetos de crédito en el futuro, y por ende incapacitados para progresar económicamente; o deberán depender de adelantos de intermediarios y acopiadores que imponen condiciones asfixiantes.
El campo paraguayo está marcado por 2 realidades diferentes: una agricultura tecnificada avanzada, altamente productiva y con rendimientos crecientes, y una agricultura no tecnificada, con baja productividad y rendimiento estancado o decreciente. La diferencia entre ambas no es el tamaño de los terrenos, sino la sostenibilidad económica y ambiental, que está vinculada a la incorporación de tecnología en todas las fases del proceso, agrícola de comercialización y de gestión.
Solamente entre 1992 y 2007, se canalizaron a los pequeños productores recursos de organismos internacionales del orden de los 4.500 millones de dólares americanos, sin resultados significativos. Otros recursos del Presupuesto de Gastos de la Nación registran una ejecución que oscila, según los casos, entre el 2% y el 32% de los gastos presupuestados, lo que implica que hay recursos, pero no se ejecutan.
Las soluciones pasan, entre otras, por la concertación de actores institucionales públicos y privados, y por la integración de pequeños productores en cadenas productivas más amplias. Cualquier tipo de solución debe encaminarse a superar la cultura asistencialista para incorporar a los productores en los procesos decisorios, mediando una óptima información y capacitación en cuestiones técnicas, económicas y de gestión, además de la práctica de la negociación colectiva en beneficio de todas las partes, construyendo una cultura de colaboración.