Por Óscar Germán Latorre

Ex fiscal general del Estado

La corrupción pública es un mal endémico en numerosas regiones del mundo y estoy absolutamente convencido de que en relación a países como Brasil, Venezuela, la Argentina de Cristina y algunos otros, el Paraguay es apenas un principiante al que tradicionalmente colocan como el segundo país más corrupto en Latinoamérica, siguiendo criterios que resultan inentendibles y contrarios a la realidad de cada uno de ellos.

Desde 1986 en que me trasladé a Pedro Juan Caballero para asumir mis funciones de agente fiscal, he sido receptor incansable de todas las noticias provenientes del Brasil y que reflejaban que, en casi todos los gobiernos, surgían hechos de corrupción de proporciones sencillamente sorprendentes.

Lo que ahora está ocurriendo con Dilma es simplemente un capítulo más de una larga e interminable historia de corrupción pública, con la particularidad de que el caso Petrobras asciende a miles de millones de dólares, involucra a empresarios del sector privado y a políticos que ocupan puestos muy encumbrados en el actual gobierno y en el anterior.

Las manifestaciones sobre la Avenida Paulista y en otras muchas importantes ciudades del país aumentan diariamente, ya sea de parte de quienes se manifiestan a favor del juicio político como los que se oponen a él. Este fin de semana será la votación en la Cámara de Diputados y se podrá conocer si se obtuvo los votos necesarios para sacarla del cargo y, eventualmente, someterla a un proceso penal.

Otro aspecto en torno al juicio político que es imposible ignorar es la forma indisimulada en que se ofrecen cargos en el gabinete y en otras entidades estatales principalmente por parte del actual gobierno. A esta situación, se le suma el grupo que apoya al actual vicepresidente de la república, sobre quien también existe un pedido de juicio político en relación a los recursos utilizados en la última campaña electoral, que permitió la reelección de Dilma y la elección del actual vicepresidente.

La actitud de los ciudadanos y de los políticos ante la corrupción pública tiene profundas raíces culturales, que es imposible desconocer. Y son esas mismas raíces las que inciden sobre los distintos gobiernos para la mayor o menor existencia de hechos de corrupción, la cuantía de los mismos y el desenlace cuando esos posibles delitos son socializados a través de los medios de comunicación y generan investigaciones por parte de los órganos competentes de cada país.

Desconozco cuál será el impacto del escandaloso hecho de corrupción en la Petrobras, aunque no sería aventurado expresar que ese hecho no generó el default, simplemente porque se trata del Brasil, que tiene una economía y recursos que le permiten sobrellevar las consecuencias de los distintos hechos de corrupción que viene soportando desde hace años.

Es oportuno destacar que el resultado del juicio político no acabará con la corrupción pública ni con el total desparpajo y descaro con los que los políticos pretenden incidir en el resultado de aquel, ofreciendo cargos a diestra y siniestra o ensayando discursos que parecen recetas que luego se socializan para que sean repetidos casi textualmente por quienes están a favor o en contra de la remoción de la actual presidenta.

Este último aspecto de la problemática que actualmente ocupa la atención de casi todo el Brasil resulta casi tan vergonzoso como los hechos que sirvieron para el inicio del juicio político y de las investigaciones por parte de la Policía Federal.

En Brasil rige plenamente aquel dicho que alguna vez pronunció un senador paraguayo y que puede resumirse en la siguiente frase "son cerdos de nuestro chiquero y no podemos abandonarlos". Esta afirmación responde a una realidad que debemos tratar de cambiar y extinguirla definitivamente, si pretendemos un país mejor, más serio, con menor corrupción y con políticos que sientan la repulsa y la indignación ciudadana cuando aparecen como sospechosos de cometer delitos contra el patrimonio del Estado. La política de transparencia que se está implementando desde el gobierno constituye un síntoma inequívoco de que, al menos en la esfera más alta del Poder Ejecutivo existe una firme decisión de luchar contra la corrupción pública, tarea a la que debemos sumarnos todos los ciudadanos que también anhelamos el cambio.