El Gobierno central insiste en seguir con la mesa de diálogo con el grupo de campesinos y cooperativistas y en su compromiso de acompañar a los pequeños productores a solucionar sus problemas financieros. Así manifestó el ministro de Hacienda, Santiago Peña, en entrevista concedida a la cadena CNN.

"Como resultado de estas movilizaciones, una vez más, el Gobierno ha planteado una mesa de diálogo, una apertura total y un compromiso de poder acompañar a los pequeños productores a refinanciar estas deudas", afirmó.

El secretario de Estado reiteró la inviabilidad de la condonación peticionada por los labriegos, quienes tras dos semanas de movilizaciones en la capital del país retornaron a sus lugares de orígenes, pero aseguraron que retomarán sus protestas a partir de mañana.

Peña expresó que desde el Poder Ejecutivo se busca una salida integral a la problemática del campo, mediante la implementación de reformas que se orientan a fortalecer las inversiones públicas.

"Se plantean soluciones integrales, para lo cual se implementa de vuelta una agenda de reformas, donde uno de los elementos fundamentales es la inversión pública", señaló.

El secretario de Estado se encuentra en Washington, Estados Unidos, donde participa de la serie de reuniones organizadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cabe mencionar que el Gobierno rechaza enfáticamente la condonación de las deudas de los campesinos y a cambio plantea una rehabilitación financiera que gira en torno a cuatro ejes fundamentales que son: la exoneración de los intereses de las deudas, nuevos préstamos del CAH a 10% de interés (actualmente está cercano al 18%), un seguro agrícola y planes de ayuda para la economía familiar.

Desde el sector del campesinado, sus dirigentes afirmaron que rechazan este planteamiento y adelantaron que recrudecerán sus manifestaciones. Los cooperativistas, igualmente, afirmaron que seguirán también con la medida de fuerza e insistirán en la acción presentada ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Congreso, donde piden la anulación del decreto presidencial que autoriza la aplicación del Impuesto del Valor Agregado (IVA) al acto cooperativo.