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Enrique Vargas Peña

En una sociedad democrática todos los sectores tienen derecho a buscar la satisfacción de sus intereses particulares y nadie debería olvidar lo que significa el ejercicio de tal derecho tan propio, característico y definidor de aquella naturaleza democrática.

Lamentablemente en nuestra sociedad hay sectores que insisten con la práctica autoritaria, ilegítima, bárbara, brutal, de efectuar sus reclamos mediante la conculcación, el aplastamiento, el desconocimiento de los derechos de terceros y eso es lo que estamos viendo estos días en las protestas de los cooperativistas de Pedro Loblein y las organizaciones lideradas por Elvio Benítez.

No voy a discutir en el presente material los reclamos que realizan quienes protestan, dejando constancia que estoy en contra de gravar con IVA los actos cooperativos y en contra de la condonación de deudas, sino el modo en que esos reclamos se realizan.

Pedro Loblein y Elvio Benítez coinciden en que deben conculcar, aplastar y desconocer derechos de terceros al libre tránsito "para lograr la visibilización de sus reclamos", en una suerte de aplicación práctica en Paraguay del principio según el cual "el fin justifica los medios".

Si aceptáramos resignadamente que el fin justifica los medios y que, por tanto, se puede suprimir el derecho de terceros al libre tránsito con el objetivo de lograr visibilización, quedaría expedito el camino para que cualquiera con un poco de fuerza corporativa impusiera al resto de la sociedad el pago de sus privilegios o, peor, de sus meras visiones sobre la organización de la sociedad.

Es el sueño de todo autoritario, de todo mesiánico: Imponerse a los demás, postergar a los demás. Es el punto en común de Loblein y Benítez con Augusto Pinochet, con Jorge Videla, con Fidel Castro, con Kim Jong Il.

Unos tienen tanques y ejércitos, otros tienen manifestantes con palos, pero ambos comparten la decisión común de imponerse, de postergar a los demás. Los diferencia solamente una cuestión de grados, el palo o el tanque, pero nada más. Loblein y Benítez suponen que sus reclamos son más importantes que la necesidad de un motociclista de transitar por una calle determinada. Suponen que son superiores al motociclista. Suponen que pueden aplastar al motociclista, suspenderle su derecho al tránsito.

No sé de dónde sacaron esa idea, si de Mussolini o de Lenin, pero sí sé que no la sacaron de los principios democráticos. De ahí no vienen esas ideas.

En democracia no se discuten imposiciones porque todos somos iguales en derecho. Se discuten prioridades porque los recursos son limitados. Son limitados en Estados Unidos y, con mucha más razón, son limitados en nuestro país.

En consecuencia, cada sector tiene derecho a tratar de convencer a todos los demás sectores que sus intereses merecen ser priorizados. Esa es una de las razones de ser de la libertad de expresión y del sistema parlamentario.

Como los recursos son limitados, nadie puede legítimamente dar por sentado que sus necesidades son las que merecen prioridad. A las prioridades se llega mediante una discusión y mediante consenso y si no hay consenso, mediante elecciones que definen mayorías.

Resulta obvio, en la lógica democrática, que para convencer a los demás sobre las ventajas de priorizar al sector propio, hay que trabajar con números, con cifras, con estadísticas fiables. Y por eso llama muchísimo la atención que Pedro Loblein y Elvio Benítez, además de conculcar derechos de terceros, no hayan realizado mayor esfuerzo por dar a conocer los números, las cifras, las estadísticas en la discusión que plantean (http://bit.ly/22wLRYA) (http://bit.ly/1VpzsX3).

Esto sucede en las democracias porque dada la escasez de recursos, para priorizar a unos se debe cargar a otros. La condonación de la deuda a la agricultura familiar, por ejemplo, implica cargar sobre la sociedad entera ese costo y sobre el sistema financiero en particular. Luego, la sociedad entera y el sistema financiero deben ser convencidos acerca de la conveniencia de asumir esa carga que se les pide.

Los liderados por Elvio, tardíamente presentaron números genéricos que están lejos de satisfacer el detalle requerido por la discusión. Llama la atención que las organizaciones que les apoyan, como la Iglesia Católica, tampoco hayan dado importancia alguna a los números (http://bit.ly/23HTj5s) ni a la violencia ejercida contra terceros.

Es notable que, abierto por iniciativa del presidente del Congreso un diálogo institucional al más alto nivel en el que los costos deberán ser discutidos, al menos si se respetara mínimamente el aporte que deberán hacer todos los que pagan impuestos en nuestro país para solventar el costo de los reclamos, Luis Aguayo de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) haya anunciado que sin condonación de la deuda de la agricultura familiar, las protestas continuarán (http://bit.ly/1ShXtvM).

Algunos referentes de otros sectores anunciaron que se sumarán en lo sucesivo a las protestas, pero tampoco dan importancia alguna a los números, como lo confirmó Eladio Benítez, líder de la Unión Nacional de Educadores (UNE) (http://bit.ly/1SaiHM6), lo que es sintomático del desprecio que tienen estos sectores por la manera en que funciona la democracia.

Lo que tenemos, pues, es una serie de sectores particulares usando la fuerza, hasta la violencia, sin consideración alguna por los derechos de terceros ni por lo que sus reclamos costarán al resto de la sociedad.

Me consta que Pedro Loblein, Elvio Benítez, los obispos católicos, Luis Aguayo o Eladio Benítez, todos, saben perfectamente cómo funciona una democracia. Todos tienen sólida formación, ninguno puede alegar ignorancia. Luego, si sabiendo cómo funciona la democracia desarrollan acciones que nada tienen que ver con ella, parece obvio que los reclamos que presentan sin respaldo estadístico son meras excusas para disfrazar otros objetivos.

Que quede claro lo que estoy reclamando: Yo no discuto el derecho que en una democracia real tiene cualquier sector de trabajar para que el gobierno se vaya a su casa. Lo que creo, sin embargo, es que si alguien quiere que el gobierno se vaya a su casa debe decirlo y no disfrazarlo de reclamos que no puede respaldar con números, con cifras, con estadísticas. Porque mentir a la gente es más de lo mismo, es más de "el fin justifica los medios" que mueve a los émulos paraguayos de Pinochet y Videla. Espero estar equivocado, pero lo que tenemos acá son sectores que usan la fuerza y la mentira para imponerse sin legitimidad, al margen de la democracia, sobre la sociedad paraguaya.