Ciudad del Este. Agencia regional.

Los contadores procesados en el caso conocido como megaevasión, Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, se encuentran en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Los mismos fueron trasladados desde la Jefatura de Policía de Alto Paraná, el pasado viernes, por disposición de la jueza de Garantía Dólica Giménez.

La decisión está precedida de una serie de acciones dilatorias por parte de Ignacio Urbieta, quien es considerado como el supuesto cerebro de la megaevasión, que había sido denunciada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a cargo de Marta González.

Ya el 23 de marzo pasado su defensa había solicitado prisión domiciliaria e internación en un centro médico por supuestos problemas de salud. La jueza Dólica Giménez rechazó la prisión domiciliaria, pero autorizó la revisión médica para que realicen los estudios solicitados, previa inspección médica forense. Es así que el procesado tuvo el permiso para abandonar su prisión y realizarse los estudios médicos. Sin embargo, quedó internado en el Sanatorio Manuel Riveros desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de marzo.

Tras los reportes médicos, el Juzgado de Garantías ratificó que Ignacio Urbieta continúe en la sede del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en el barrio Ciudad Nueva de la capital paranaense. Recién el miércoles 6 de abril fue derivado a una celda de la Jefatura de Policía. Había sido detenido el 14 de marzo. No pasó lo mismo con Alfredo Brítez, quien sería el secretario de Urbieta Cantero en todo el entramado para la megaevasión. El mismo fue detenido el 18 de marzo pasado y también permaneció en la sede de Delitos Económicos, pero fue trasladado antes que su colega a la celda de la Jefatura de Policía.

Casi un mes después de haberse ordenado la prisión de ambos y la reclusión en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, medida que nunca se cumplió, finalmente fueron derivados a la cárcel de Coronel Oviedo. En todo ese tiempo fueron solicitados en ambos casos unos 5 pedidos de medidas alternativas a la prisión.

La razón expuesta por la jueza de Garantías Dólica Giménez es la prohibición que pesa sobre el Penal Regional de Ciudad del Este para que siga recibiendo internos, a raíz de la superpoblación.

Ambos contadores están procesados por hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos en un esquema de evasión al fisco que rondaría los US$ 51 millones. También están procesados una auditora externa, Lilian Andresa Esquivel, y un funcionario de la SET, Víctor Manuel Mármol.

Una de las fiscales ayudantes del caso en Ciudad del Este, Karina Caballero, indicó que hace 2 semanas que no se realiza ningún procedimiento más en el caso, en lo que respecta a esta zona del país porque todo se centra en el estudio de los documentos en la capital.