Rosalino Duarte.
El ministro de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco), Enrique Bordón, puso ayer a disposición su cargo ante el ministro de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Leite. El propio titular de la cartera le requirió informes sobre la serie de publicaciones que involucran al funcionario en un viaje con su secretaria, Hilda Rossana Barrios, a México, para participar de un supuesto encuentro internacional que aparentemente nunca existió.
En una nota dirigida al presidente de la República, Horacio Cartes, Leite relata que a raíz de las publicaciones realizadas por la prensa, ha "decidido convocar el secretario de la Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), ingeniero Enrique Bordón, a fin de solicitarle una explicación de los hechos acontecidos". "Como resultado de dicha reunión, el mencionado funcionario por nota de fecha 8 de abril del corriente año ha puesto a disposición el cargo", señala. De hecho, Bordón argumenta en su misiva que ponía "el cargo a disposición" por una razón "estrictamente personal".
Fuentes del Gobierno confiaron que la dimisión será aceptada. De hecho, Leite insta al mandatario sugerir una terna de candidatos "que aseguren la continuidad de las tareas de protección al consumidor que esta cartera de Estado viene desarrollando, en particular en las áreas de combustible y reclamos de ciudadanos ante eventuales abusos de agentes económicos".
De acuerdo a las publicaciones, la secretaria, quien tras las publicaciones habría sido transferida al Banco Central del Paraguay, tiene un sueldo que ronda los G. 3.640.000 mensuales, más otros beneficios por bonificaciones y responsabilidad. Sumados todos estos ítems, su remuneración supera los G. 5.800.000.
Para la supuesta cumbre, del 17 al 21 de noviembre del 2015, Bordón llevó en concepto de viático más de G. 14.000.000, mientras que a Barrios le asignó G. 9.551.000. Tanto jefe como secretaria habrían realizado varios viajes al interior y exterior del país –incluyendo un tour por Europa– y todos ellos habrían sido solventados con recursos públicos.