Por Enrique Vargas Peña
Coordinador periodístico
de la 970
Santiago Peña, ministro de Hacienda, está sometido desde hace días a intensa crítica a raíz de la política de endeudamiento externo que desarrolla: Le acusan de endeudar a nuestra República para pagar, junto con algunas obras públicas, los escandalosos dispendios del sector público, principal fuente de ingresos de políticos y empresarios ladrones que con dinero del pueblo acumulan fortunas (http://bit.ly/1UKHUAG).
En el ministerio de Educación y Cultura (MEC) se comprobó la pasada semana que, en efecto, los dispendios del sector público son escandalosos aunque, lastimosamente, solo se denuncian migajas como una licitación de poco más de treinta mil dólares y no los negociados enormes de millones y millones de dólares.
En el sector público paraguayo, es letra muerta, papel mojado, la disposición del artículo cuarto de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas que dice que "La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios:…Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria".
La "austeridad" es, en castellano, la calidad de austero y "austero" viene "Del lat. aust?rus, y este del gr. ???????? aust?rós. 1. adj. Severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral. 2. adj. Sobrio, morigerado, sin excesos".
Los sinvergüenzas políticos y empresarios ladrones lograron que el artículo cuarto de la 2051, y muchas otras disposiciones de esa ley, sean letra muerta, papel mojado, mediante un expediente ingenioso y perverso que explicó Luis Godoy, asesor jurídico de la Dirección de Contrataciones Públicas, a la 9.70 AM el jueves 31 de marzo: "los precios referenciales en licitaciones se basan en un 'histórico' que incluye eventuales colusiones al alza que distorsionan hacia arriba los precios" (http://bit.ly/23582av).
Lo austero sería incluir en los precios referenciales los precios auténticos de mercado, los del supermercado, la tienda, la ferretería. Aunque sea difícil de creer, esos precios no se incluyen en las licitaciones.
El "histórico" le permitió a Jorge Pineda, director de la Unidad Operativa de Contrataciones del MEC comprar el litro de cocido a cuarenta mil guaraníes, la botella de medio litro de agua a diez mil guaraníes (http://bit.ly/1VPOWTI) mientras, como dijo ayer Andrés Colmán Gutiérrez, las escuelas del país se caen a pedazos (http://bit.ly/1PNdy81).
Pineda no pudo responderme en qué se diferencia su caso del que afecta a Camilo Soares, que está imputado por la compra de coquitos; y luego anunció su renuncia en la 9.70 AM (http://bit.ly/1UYxInw), aunque no sé, mientras escribo esto, qué sucedió con él finalmente.
Por supuesto, nadie en el Congreso, nadie hasta ayer al menos, anunció la presentación de alguna iniciativa para modificar la cuestión de los precios de referencia en la Ley 2.051, ni para agregarle una cláusula penal a los empresarios que constituyan empresas de maletín para elevar artificialmente los costos de las licitaciones haciendo aparecer a los suyos como las ofertas más bajas.
Los contratistas del Estado son algunos de los grandes financistas de los políticos, luego no hay interés de los políticos en tocar el negocio del que reciben dinero y por eso también se niegan rotundamente a aprobar la versión de Diputados del proyecto de ley de financiamiento político (http://bit.ly/1P86gSn).
Por supuesto, ningún fiscal abrió investigación sobre la licitación del MEC con el hotel Granados Park para saber si las empresas oferentes son en realidad competidoras entre sí o son un montaje para que el hotel aparezca con la oferta más baja.
Una buena parte de las grandes fortunas de nuestro país, una buena parte de los mayores holdings económicos de nuestro país tiene origen y alimentación con contratos públicos.
Y, por supuesto, ningún empresario contratista del Estado está diciendo nada porque el casi el cien por ciento de las licitaciones se hace del mismo modo en que se hizo la del MEC y todos se están haciendo millonarios con dinero del pueblo.
Esto es lo que Santiago Peña debe introducir en la ecuación: Nosotros, el pueblo, no tenemos por qué aplaudir un mayor endeudamiento cuando que tenemos comprobado, probado más allá de toda duda razonable, que un porcentaje significativo del endeudamiento va para engrosar las fortunas particulares de los políticos y empresarios ladrones.
Nosotros no tenemos escuelas, ni hospitales, ni rutas decentes, pero los contratistas públicos mandan a sus hijos a estudiar en Inglaterra, atenderse en Estados Unidos y se compran blindados para sortear los baches con el dinero que roban mediante licitaciones como la del MEC.
A nosotros nos hacen trabajar y pagar impuestos para sostener los privilegios y eso no está bien. Está muy mal. El Estado paraguayo es, hoy por hoy, una gran maquinaria de extraer recursos de todos nosotros para concentrarlo en las manos de políticos y empresarios ladrones. El Estado paraguayo no tiene justificación moral.
El caso de los peajes es un ejemplo de cómo los políticos ladrones convirtieron al Estado paraguayo, nuestro Estado, en una maquinaria perversa: El pasado martes 29, el viceministro de Administración del ministerio de Obras Públicas, Roberto Enrique, me explicó en la 9.70 AM que "la recaudación de peajes se usaba mayormente para pagar a peajeros, no para rutas"; (el Estado) "nos hace pagar con la excusa de mantenimiento de rutas los salarios de peajeros y no el mantenimiento de rutas" (http://bit.ly/1MQ2fw5).
Así funciona nuestro Estado: No presta los servicios para cuya prestación fue creado, recauda solo para financiar privilegios que nada tienen que ver con el pueblo.
Es ahí donde se entiende la disconformidad con el endeudamiento, porque nadie discute la conveniencia de contratar un crédito para hacer una ruta y Santiago debería ver que la situación actual no es tolerable.
Lo sería en algún grado si el Poder Ejecutivo tomara la iniciativa que los políticos no van a tomar para agregar lo antes señalado a la Ley 2.051 y para sacar adelante la ley de financiamiento que proyectó la cámara de Diputados, pero la ciudadanía aún no vio acciones como esas.