El documento habla de un informe financiero abierto por la CGR sobre la gestión financiera de la Gobernación de Central desde el 2013 al 2018. No obstante, estos primeros datos se refieren al ejercicio fiscal correspondiente al 2013. Dicho período encontró como gobernadores a Carlos Amarilla –quien renunció para ir al Senado– y asumió en su reemplazo Magno Duarte Cuba, que venía siendo concejal departamental por el Unace. Finalmente, se cerró ese año con la gestión del ex diputado por el PLRA, Blas Lanzoni, quien fue electo en las elecciones departamentales para el vigente período, que se extiende hasta el 2018.
En una de las observaciones realizadas por los auditores, se menciona que la gobernación pagó G. 1.942 millones en concepto de "aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro". Según el documento, esta cantidad de dinero se utilizó sin que la gobernación haya realizado una rendición de cuentas. Es decir, no se tienen registrados los informes de las "instituciones" beneficiadas para determinar en qué se gastó dicha suma.
Igualmente, en ese mismo orden, el documento menciona, en otras de las observaciones, que la gobernación tiene faltante de órdenes de pago por valor de G. 131 millones, en concepto de transferencias en "aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro", de acuerdo con el presupuesto de dicha entidad para el mencionado período investigado. Esto representa que la Gobernación de Central no respaldó con documentos las transferencias de al menos G. 2.073 millones a instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) o instituciones sin fines de lucro.
El documento analiza además varios otros ítems en los que se menciona un manejo irregular de los recursos financieros de la gobernación, que en el 2013 tenía un 92% de su presupuesto ejecutado en cuanto a los gastos establecidos, que en cifras representó G. 94.560 millones de los G. 101.924 millones presupuestados.
De acuerdo a lo que muestra la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Gobernación de Central hizo adjudicaciones por G. 56.244 millones en el 2013. De esta cantidad, G. 43.519 millones fueron destinados justamente a instituciones educativas o afines para los programas de merienda escolar y otros, lo que representa el 77% de todo lo que gastó ese año esta institución departamental.
Siempre en relación a las escuelas o colegios, el informe del ente contralor hace alusión a que la gobernación inició la construcción de obras en diversas instituciones educativas por valor de G. 1.187 millones, sin contar con la autorización correspondiente de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación (MEC), una situación que representaría una negligencia muy grave, teniendo en cuenta que todas las construcciones que deben ser destinadas a escuelas tienen que contar con la aprobación de esta institución.
Honorarios pagados
Uno de los temas que siempre saltan en las administraciones tiene que ver con el pago de profesionales en forma tercerizada. En ese sentido, además de la cantidad de funcionarios de cada institución, por lo general, se contrata de nuevo a gente de afuera para hacer algunos trabajos específicos. Sin embargo, de acuerdo con el trabajo de la Contraloría, en el caso de la Gobernación de Central se descubrió que en el ejercicio 2013 se encontraron unos G. 670 millones abonados como "pago de honorarios" a diferentes tipos de profesionales, pero no existen documentos que demuestren los trabajos realizados o servicios que fueron prestados a la institución por dicho monto.
Otras "observaciones"
La Auditoría menciona, además, otras desprolijidades en el manejo del dinero público en la mencionada gobernación. En ese sentido, resalta que existen –por ejemplo– transferencias recibidas por G. 63.045 millones sin comprobantes de ingresos. Igualmente, menciona que existe una gran diferencia –que llega a los G. 277 millones– entre la ejecución presupuestaria de gastos y el listado de órdenes de pago que figura en los documentos.
Siempre en el ejercicio fiscal del 2013, los auditores señalan que existe unos G. 454 millones que no tienen órdenes de pagos ni documentos que respalden esa cantidad de dinero como ejecución presupuestaria.