Por Enrique Vargas Peña

El diputado Fernando Ortellado presentó hace tiempo el proyecto de ley sobre nutrición en los institutos públicos y privados de enseñanza primaria y media que fue tratado el pasado jueves 17 por la Cámara de Senadores, proyecto que pretende regular qué alimentos se podrán vender o proporcionar a los estudiantes y qué alimentos no podrán serles ofrecidos.

El diputado Ortellado es médico de profesión y por eso tal vez suponga que está autorizado a legislar sobre esta materia y también que siendo médico puede lograr en la opinión pública la presunción de que su proyecto tiene buena base.

Siendo médico, es decir poseyendo una formación importante, es difícil creer que el diputado Ortellado no conozca las implicancias de un proyecto de ley y, por tanto, se puede razonablemente presumir que el legislador sabe perfectamente lo que está haciendo cuando propone una iniciativa legislativa.

Dice el artículo 2 del proyecto de Ortellado que "El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social establecerá un listado de grupos alimentarios y bebidas nutritivamente adecuados para la población infantil y adolescente con información pertinente y recomendaciones para una alimentación saludable destinada a toda la comunidad educativa: padres, alumnos, docentes, directivos y trabajadores. Solo los alimentos y bebidas incluidos en este listado podrán ser consumidos en los establecimientos de educación inicial, escolar básica y media de instituciones públicas y privadas. En estos establecimientos educativos queda prohibida la distribución, venta y publicidad de cualquier otro alimento o bebida que no esté incluido en este listado".

Este artículo significa, en castellano simple, que el Ministerio de Salud podrá asegurar monopolios a determinados productores de alimentos sobre un mercado de unas dos millones de personas, que quedarán cautivas de esos monopolios en algo tan importante como la comida.

Este artículo elimina las cantinas independientes de los institutos educativos a escala nacional, obligando a todos ellos a contratar los servicios de quienes obtengan un lugar en la lista de autorizados por el Ministerio de Salud.

El diputado Ortellado parece creer que los paraguayos olvidamos que las empresas que están en el negocio de proveer de alimentos al sistema educativo público han estado envueltas en graves escándalos de corrupción y en escándalos todavía peores de degradación de la calidad de la comida que ofrecen después de ganar los contratos de provisión.

Ya ni menciono que al diputado Ortellado parece no importarle ni en lo más mínimo el artículo 107 de nuestra Constitución que prohíbe los monopolios, porque los diputados muestran todos los días, en el tema de la reelección vía enmienda, que nuestra Carta Magna es para ellos un adorno que estorba, una molestia a eliminar.

Este artículo 2 del proyecto también significa que el Ministerio de Salud tendrá en forma permanente la tentación de vender lugares en la lista de privilegiados a precios enormes, abriendo una nueva ventana a la corrupción, como si nos faltaran ventanas a la corrupción. Si en venta de medicamentos se corrompen, la corrupción en venta de alimentos, con menos riesgo para la vida de las víctimas, será mucho mayor. Si matar no inquieta a los corruptos que operan sobre contratos de medicinas en el Ministerio de Salud, degradar la comida será un chiste para ellos.

Y, por último, este artículo delega en funcionarios públicos no elegidos el poder de decidir qué van a comer nuestros hijos y qué no van a poder comer, como si los funcionarios públicos no elegidos de nuestro Paraguay no fueran un grupo de recomendados políticos sin mérito alguno para estar donde están.

Nuestros funcionarios públicos, excepto la pequeña minoría que cumplió la Ley Nº 1.626, son todos prebendarios violadores de la ley, inmorales que carecen de cualquier escrúpulo a la hora de satisfacer a sus padrinos. El diputado Ortellado pretende que esos funcionarios decidan qué van a comer nuestros hijos.

El artículo 3 del proyecto del diputado Ortellado establece que "El director o directora de cada establecimiento es el responsable de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 2 de esta ley en cuanto a la distribución, venta o publicidad de alimentos y bebidas. El Ministerio de Educación y Cultura supervisará el cumplimiento de estas disposiciones e impondrá sanciones pertinentes ante el incumplimiento como una falta grave".

No entro ya a discutir la discrecionalidad total que el proyectista otorga en este artículo al Ministerio de Educación en materia de sanciones, lo cual muestra que el diputado Ortellado no aplicó aquí mayores esfuerzos de estudios legislativos, ni lo que esa discrecionalidad agregará a la corrupción abierta por el artículo 2 con directores bien apadrinados quedando impunes y con directores mal apadrinados siendo destituidos.

Con este proyecto el Ministerio de Educación podrá echar a directores que no sean de la línea del gobierno con la excusa de los alimentos, para decir que no lo hace por razones políticas, exactamente como la dictadura de Venezuela echa a alcaldes y gobernadores opositores con la excusa de los trámites presupuestarios.

No discuto eso. Solamente discuto el notable olvido del diputado Ortellado acerca de quiénes son los directores a quienes él entrega, en el artículo 3 de su proyecto, el poder disciplinario: Esos directores son, en su mayoría absoluta, de la misma clase de los que construyeron aulas para Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré; de la misma clase de los que saliendo terceros en los concursos lo mismo logran el cargo, operadores políticos disfrazados, sinvergüenzas protegidos.

A esa clase de gente otorga el diputado Ortellado el poder de fiscalizar lo que van a comer nuestros hijos. Muchos de esos directores certifican ahora que los almuerzos y meriendas escolares que llegan a sus establecimientos son buenos, cuando en realidad son una estafa. Y lo hacen para satisfacer a los intendentes para los que operan.

El proyecto del diputado Ortellado tuvo el dudoso mérito de engañar a mucha gente con buenas intenciones acerca de lo que esta iniciativa legislativa esconde y posibilita; gente legítimamente preocupada por la calidad de la alimentación ha llegado a creer que este proyecto era una contribución en la dirección correcta.

Pues no lo es. Este proyecto del doctor Ortellado tiene mucho menos que ver con la calidad de la comida que con asegurar negocios. No tengo elemento alguno para decir que Ortellado hizo esto por mala fe. No lo conozco lo suficiente como para abrir un juicio de valor a este respecto. Pero si no lo hizo por mala fe, entonces su ignorancia es peligrosa y puede causar demasiado daño.