"Es una tontería. APA necesita tener más documentos, no menos. No sé lo que podrían quitar. Supuestamente eran bolsas, envié a alguien a verificar, pero no sé si llegaron tarde", opinó Héctor Balmaceda, director general de Observancia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), consultado acerca de la presunta sustracción de documentos de Autores Paraguayos Asociados (APA), que ayer prendió la alarma entre los autores que siguen el movimiento de #CambioenAPAya.
Supuestamente, alrededor de las 15:00 se sacaron bolsas con documentaciones de la entidad autoral. La sospechosa situación fue avisada a Dinapi por los vecinos, y habrían otras pruebas registradas. Fue compartida una imagen en la que se ve a un funcionario de APA entregando un sobre al ocupante de un vehículo; aunque fue captada casi media hora después del aviso.
El asistente de los asesores jurídicos de APA, Leonardo Cuevas desmintió que hubiera alguna sustracción, a través de la 780 AM. El funcionario de la entidad dijo que se sacaron bolsas de basura porque se está refaccionando parte del edificio adyacente; que la documentación está en buen resguardo, y a disposición del fiscalizador de Dinapi, Ricardo Gavilán.
Autoridad reconocida
Ayer también hubo como novedad del caso APA, la presentación de un escrito a Dinapi en la que se notificó formalmente sobre la realización de la asamblea ordinaria para el domingo 27 de marzo. Balmaceda se manifestó sorprendido por el anuncio, porque al final "están reconociendo la autoridad" de Dinapi. APA intentó trabar la fiscalización del ente estatal a través de una demanda judicial, que fue rechazada; y, además, remitió una nota a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para que requiera una sanción al Gobierno paraguayo contra la directora de Dinapi. La nota sobre la asamblea fue remitida a la asesoría jurídica, ya que, según la Ley 1.328, el plazo de diez días antes para este trámite ya había vencido; y el próximo lunes habrá un dictamen para confirmarse la legalidad de la convocatoria. También coincidiría con la solicitud de Dinapi a la Justicia de una medida cautelar para que la fiscalización acceda a los documentos bloqueados por APA, que el 30 de marzo deberá presentar su descargo a una acusación de casi mil hojas.