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A casi seis meses de que la Fiscalía y la Contraloría General de la República iniciaran las investigaciones por irregularidades en facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), los resultados hasta ahora son nulos. No obstante, desde el ente contralor afirman que las pesquisas continúan.

El 25 de setiembre del 2015, en una esperada conferencia de prensa, la fiscala Josefina Aghemo informaba sobre la imputación del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta, además de otros 12 funcionarios de esta alta casa de estudio, acusados por el cobro indebido de honorarios, inducción a funcionarios y hasta ocultamiento de pruebas, que fueron, en principio, las causas de la imputación.

Con este caso, empezó a generarse una serie de investigaciones en diferentes facultades de la UNA, que ya para ese entonces era un hervidero de protestas por parte de estudiantes que se congregaron frente al Rectorado y habían tomado el Campus de la UNA en San Lorenzo. Desde entonces, empezaron a saltar varias denuncias de irregularidades en las demás facultades y la Universidad Nacional de Asunción abría la página más vergonzosa de su gloriosa historia.

Al día siguiente, el 26 de setiembre, el fiscal Gerardo Mosqueira intervino la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA tras la denuncia de que días antes, en la institución, se quemaron documentos en los hornos utilizados para la cremación de animales. Ciencias Veterinarias era el bastión de Peralta, que para entonces ya contaba con orden de captura a cuestas. Durante la intervención, el agente fiscal pudo comprobar que en el patio de la facultad fueron quemados y triturados documentos referentes a resoluciones de nombramientos y comisionamientos de funcionarios.

Froilán Peralta había asumido como rector de la UNA el 27 de mayo del 2014. Con una fuerte ascendencia política y teniendo como padrino al senador colorado Juan Carlos "Calé" Galaverna, Froilán concretó ese mes uno de sus objetivos más anhelados, ya que durante años manejó la Facultad de Veterinaria como decano y llegar al Rectorado fue siempre una de sus obsesiones.

Los nombramientos de parientes con cargos docentes y el pago de millonarios sueldos para secretarias "VIP" que se denunciaron durante la gestión de Peralta como rector, rápidamente se trasladaron a su "feudo"en la Facultad de Veterinaria y otras. Lo que parecía ser un hecho de corrupción aislado, terminó por desnudar prácticamente un sistema que funcionaba en varias otras facultades de la UNA.

EL EFECTO DOMINÓ

Apenas tres días después de la imputación contra Peralta, el 28 de setiembre, el fiscal Martín Cabrera intervino la Facultad de Derecho –que la noche de este miércoles volvió a ser escenario de un evento violento para la elección del Centro de Estudiantes– luego de que alumnos denunciaran movimientos extraños dentro de la institución.

Ese mismo día, la agente fiscal Claudia Morys lacró las oficinas de la Facultad de Odontología tras las denuncias de la existencia de filiales fantasmas.

Ya al día siguiente, la representante del Ministerio Público, Carolina Bernal, intervino las oficinas de la Facultad de Filosofía, ante innumerables sospechas de irregularidades dentro de esta casa de estudio. El 31 de diciembre del 2015, la decana de esta facultad, María Angélica González, fue imputada por la Fiscalía ante indicios de estafa y cobro indebido de honorarios –fue destituida por el Consejo Superior Universitario el 9 de marzo de este año–.

Entre el 30 de setiembre y el 2 de octubre, una serie de allanamientos fiscales involucró sedes del Decanato y la Dirección de UInvestigación de la Facultad de Medicina, Ingeniería, Politécnica (con cada una de sus facultades), Ciencias Exactas y Arquitectura. En todos estos lugares se encontraron evidencias de varias otras irregularidades, y no solo el nombramiento irregular de personal.

Las investigaciones llevaron a los fiscales a intervenir también las filiales; el 27 de octubre, fue imputado Jaime Torales Kennedy, decano de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca) y el 29 del mismo mes, la fiscala Dominga Benítez intervino la Facultad de Ciencias Agrarias, filial San Pedro del Ycuamandyyú.

Para ese entonces, la bola de denuncias y evidencias de irregularidades no paraban en las distintas casas de estudio y las imputaciones e investigaciones fiscales, así como de la Contraloría, suponía de que los casos no terminen en aquella ley tan vigente, pero no escrita de este país; la del oparei.

EL PASO DE LAS INVESTIGACIONES

A casi seis meses de iniciadas las investigaciones, en los registros fiscales aparecen cuatro decanos imputados (ver infografía) entre ellos el ex rector, Froilán Peralta. Además, hay una docena de funcionarios que fueron incluidos en las investigaciones en un primer momento, pero que todavía no existen definiciones en las acusaciones. Mientras tanto, desde la Contraloría General de la República (CGR), apuntaron ayer a nuestro diario de que todas las auditorías todavía se están desarrollando y que las pesquisas continúan su curso.

Un caso llamativo en toda trama que hace al caso UNA tiene que ver con lo que ocurre con la Facultad de Economía. Antonio Rodríguez y Vicente Renna Leguizamón, ex decano y ex vicedecano, respectivamente, habían presentado su renuncia al Consejo Directivo el 26 setiembre del 2015, luego de que se descubriera que Rodríguez favoreció a muchos de sus familiares con rubros y jugosos salarios dentro de la FCE-UNA.

A pesar de que los documentos demuestran de que estas designaciones realizadas por el ex decano Rodríguez se hicieron al margen de la ley y violando los estatutos de la facultad, hasta hoy la Fiscalía no hizo imputación alguna. El fiscal Aldo Cantero fue designado por el Ministerio Público para llevar adelante la investigación fiscal sobre esta facultad y en su momento de intervención, que se hizo a finales de setiembre del 2015, el agente dijo que iban a analizar los documentos que se habían llevado del Departamento de Recursos Humanos, la Dirección Financiera, Administrativa, Tesorería, el Decanato y la Secretaría General de la Facultad.

Ayer llamamos al fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, para saber más detalles sobre este tema, pero no respondió al llamado ni tampoco a los mensajes que desde La Nación le dejamos para tener datos sobre las investigaciones del caso UNA.

A su vez, la Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular Roy Rodgers es docente de esta facultad, pero actualmente con permiso sin goce de sueldo, tampoco dio a conocer hasta ahora ningún resultado sobre la auditoría a FCE.

Sobre el punto, Rodgers confirmó a La Nación de que la investigación del caso continúa normalmente. "La auditoría de todas las facultades de la UNA está a cargo de Humberto Franco, en una dirección general. El plazo máximo para toda auditoría es de 39 semanas. Se está avanzando regularmente", señaló.

Rodgers reconoció que es docente de la Facultad de Economía, pero aclaró de que entró por concurso de oposición y que ahora está con permiso, sin goce de sueldo, para poder ejercer como contralor. "Estaba con una sola cátedra, en turno noche, Auditoría Forense y Ambiental, pueden revisar mi asistencia. Yo fui capacitado como Auditor Forense. Ingresé hace 5 años y estuve hasta el año pasado", enfatizó.

Dijo, además, que es real que funcionarios de la Contraloría son docentes en la UNA, pero que se aseguraron de que ninguno de ellos esté participando de las auditorías realizadas a las entidades en las que ejercen como docentes. "Hay funcionarios de la Contraloría que son docentes en la FCE-UNA hace años, la única profesión que no es incompatible con la Ley de la Función Pública es la docencia, ninguno de ellos participa de las auditorías que se están realizando en la UNA y la UNE", aseveró Rodgers.