Por Aldo Insfran
En un encendido debate sobre el sistema penitenciario y la Justicia paraguaya, la abogada y presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Katya González; el politólogo Guzmán Ibarra; el defensor público penal y presidente de la Asociación de Defensores Públicos, Martín Muñoz, corroboraron la serie de publicaciones que viene realizando La Nación desde el martes último sobre las dos caras de la Justicia en nuestro país.
Para graficar la situación actual de algunas normas jurídicas, González puso como ejemplo que las penas aplicables a hechos vinculados al robo público son mucho menores a las aplicadas al robo de una vaca. "Hoy robar una vaca en nuestro país te puede costar entre 10 a 12 años de cárcel y robarle al Estado paraguayo solo dos años, y eso si es que se le imputa por el delito de cobro indebido de honorarios. Por esta razón, es preciso analizar el marco penal y el daño que ocasiona", subrayó.
Seguidamente, la abogada dijo que los políticos que están acusados por hechos de corrupción y que están libres, deberían pisar el penal de Tacumbú, al igual que otras personas que por hechos punibles menores están privadas de su libertad.
Para el politólogo, existe una disparidad desde el punto de vista de la ley en el caso específico de los políticos. "Lo que se puede ver, de forma categórica, es que en los casos donde son denunciados políticos, difícilmente el Ministerio Público persigue el delito; sin embargo, cuando se trata de un ciudadano común, la Fiscalía actúa de oficio".
Por su parte, Muñoz mencionó que le tocó defender a políticos, así como a periodistas y ciudadanos comunes como un mecánico, por citar un caso. Señaló que si bien solamente deberían intervenir en casos de personas de escasos recursos económicos, ellos (los defensores públicos) no eligen a quién defender.
"El juzgado determina el plazo para que un imputado designe a un defensor de su confianza, transcurrido ese plazo, ya el juez ordena brindar poder a un defensor público, porque es un mandato constitucional", explicó.
200 CASOS POR AÑO
El defensor de los reos pobres reveló que en Asunción un defensor público atiende 200 causas anuales. A criterio de Muñoz, mínimamente, un defensor puede llevar dignamente hasta 50 procesos penales por año y hoy día tiene 4 veces más casos de los que debería.
En contrapartida, González mencionó que está en contra de seguir aumentando la cantidad de defensores públicos a nivel nacional. "No quiero una defensa pública más grande. Quiero mejor distribución y respuestas a las necesidades", enfatizó.
CÁRCELES
Consultados sobre si la construcción de más cárceles sería la solución al hacinamiento, los profesionales coincidieron en que no sería la salida a la problemática penitenciaria actual. Para González, tener más cárceles sería el fracaso del sistema educativo. "El lema debería ser más libros, menos cárceles, es decir, apostar a la educación. Hoy los penales son depósitos de seres humanos. Si todavía no explotó Tacumbú, es porque somos demasiado pacíficos".
Ibarra sostuvo que la cárcel es la culminación de un proceso y que los estudios criminológicos señalan que construir más cárceles no ayuda a la reinserción social de los internos. "La realidad es que los reclusos están cercenados en algunos de sus derechos y quizás esto tiene que ver con su estatus social de ser humilde. En las penitenciarías se va a demostrar que la libertad tiene un costo, no sé cuánto es, pero eso se evidencia porque el 80% de los internos es pobre y en su mayoría no están condenados", remarcó.
Una realidad que lastima es que existen reclusos que ni siquiera tienen lugar donde dormir. Martín Muñoz comentó que tiene varios defendidos en Tacumbú, uno de ellos es "pasillero", lo que significa que no tiene ni siquiera un lugar donde descansar y armar su vida desde el punto de vista humano.
PRISIÓN PREVENTIVA
De acuerdo al defensor público, la superpoblación de las cárceles comienza cuando se modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal que establece que no se puede aplicar medidas alternativas a la prisión a los delitos considerados crímenes. "Increíblemente, se triplicó el número de internos al aplicarse esta normativa desde el 2011. La prisión preventiva para mí es inconstitucional. Los jueces deben sopesar cada caso de manera particular y resolver quién va o no a prisión", precisó.
González señaló a la Fiscalía y al Poder Judicial como responsables. "Creo que los superpoderes que tiene la Fiscalía son de terror. También le atribuyó el abuso de la prisión preventiva al Poder Judicial, que no quiere enfrentarse con el Congreso", sentenció.
Para Muñoz, la solución sería modificar la norma 245, pero dijo que mientras que la Sala Constitucional no lo disponga, ésta sigue estando vigente. "El Congreso debe darse tiempo para estudiar esta terrible norma jurídica. Quiero mencionar también que el hecho punible de violencia familiar o doméstica, a partir de diciembre del 2014, adquirió el concepto de crimen o de hecho punible grave, el punto es que por una mera denuncia, de cualquiera de las partes, sea hombre o mujer, se imposibilite la obtención de medidas alternativas a la prisión, independientemente del caso".
DEFICIENCIA PENITENCIARIA Y JUDICIAL
"No existe una política judicial", a criterio de Ibarra. En cambio, González enfatizó la responsabilidad del Estado y de la sociedad para solucionar la problemática y evitar que se sigan violando cotidianamente los derechos humanos de las personas.
"Se debe tener un sistema de reinserción. Nosotros creemos que las cárceles fabrican delincuentes y en las condiciones en las que están los reclusos se está profesionalizando la delincuencia. No entiendo el porqué la palabra de un político valdría más que la palabra de un pobre", concluyó la abogada.