La fiscala Claudia Morys imputó ayer a 19 funcionarios del Senado, quienes el martes último intentaron impedir el ingreso de la nueva directora de Recursos Humanos de dicha cámara, Miriam Arroquia. Los mismos fueron procesados por el hecho punible de coacción, perturbación de la paz pública y resistencia y se exponen hasta a 5 años de cárcel.
Los involucrados en los hechos son: Nadia Espinoza Pintasilgo (pareja del senador Ramón Gómez Verlangieri), Hugo Secundino Caballero Medina (presidente del sindicato), Tito Filemón Rolón Otazú, Mabel Ovelar Bazán, Gustavo Alejandro Bogarín Morel, Diego Fernando Zelaya Cabral, Patricia Concepción Salinas Mariño, Alberto Giménez Ortega, Gricelda del Pilar Cañete y Andrés Guillermo Gill Frescura.
También están en la lista, Diego Estiven Aquino Romero, Porfiria Petronila Noguera Saldívar, María Cristina Bogarín Aquino, Julio Constantino Espínola, Fabio Octaciano Araújo, Óscar Manuel Garay Pereira, Elina Concepción Sosa, Rolando Núñez Escobar y Jorge Manuel Gosling Piris.
De acuerdo a la carpeta fiscal, las personas procesadas procedieron al bloqueo de la puerta de acceso, formando una suerte de cadena humana y utilizando la fuerza para resistir el acceso a la oficina de la mencionada directora.
La representante del Ministerio Público manifestó que la intervención de la Fiscalía se realizó a raíz de denuncias recibidas respecto a que, supuestamente, funcionarios de la institución impedían la entrada a la recientemente designada en el alto cargo por el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, en reemplazo del liberal Arturo Lombardo.
Explicó que se presentó en el sitio para impedir la manifestación, ya que el Ministerio Público no tiene atribuciones del uso de la fuerza pública. Remarcó que se hizo presente en el lugar ante la denuncia recibida y que se abrió la carpeta fiscal para tratar de dilucidar si se perpetró algún ilícito.
La agente fiscal pidió la aplicación de medidas como: la comparecencia ante el juzgado los primeros 10 días de cada mes a firmar el libro de comparecencia, prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio y otras medidas que el juzgado considere pertinente.