Dos directores y un supervisor de la Contraloría General de la República fueron imputados por las fiscalas Carina Sánchez, Fabiola Molas y Blanca Agüero esto, en el marco del procedimiento que investiga la causa del derrumbe de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré.

De acuerdo al procedimiento fiscal, el ingeniero Derlis Cabrera Báez, director general de Control de Obras Públicas; Antonio Ocampos Pérez, director general de Control de Obras de los organismos departamentales y municipales, y Santiago Gosling, supervisor, fueron los encargados de intervenir la construcción realizada con recursos del Fonacide en el mencionado colegio lambareño.

Sin embargo, pese a varias irregularidades que no fueron comunicadas, la construcción en la institución educativa continuó y finalmente acabó con el derrumbe de una de las aulas, dejándolos como los principales responsables del accidente.

La carpeta fiscal afirma que la falta de controles adecuados, así como la ausencia de coordinación entre la municipalidad y las distintas instituciones educativas, ocasionó que en las obras realizadas con el fondo mencionado fueran pagadas cantidades no ejecutadas y/o menores cantidades a las estipuladas en los contratos, así también, menciona que según el reporte, la municipalidad no garantizó la estructura de la construcción, pero esto tampoco fue informado.

SOBREFACTURACION

De acuerdo a las pericias de la Fiscalía, se constató que existió una sobrefacturación de G. 85.598.041 en un solo colegio de los 16 en construcción, sin embargo, en el informe remitido por la Contraloría la sobrefacturación en la totalidad de instituciones fue solamente de 77.070.000 guaraníes.

Los tres funcionarios de la Contraloría fueron imputados por supuesto hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, los mismos se exponen a tres años de cárcel o multa, ya que no se trata de un crimen, sino de un delito.