Autores Paraguayos Asociados (APA) se fundó el 1 de julio de 1951 y, hasta el año pasado, nunca tuvo una auditoría externa. Según la única memoria publicada en su web (apa.org.py), la entidad civil de acción privada, sin fines de lucro, registró en el año 2013: una base de datos de 20.409 obras, 561 socios activos y una recaudación de G. 17.144 millones, que implicaba un incremento del 13%.
En 1998, la Ley 1.328 de Derecho de Autor creó la Dirección Nacional de Autor, bajo la dependencia interina del Ministerio de Industria y Comercio, para fiscalizar la actividad gestora. En el 2013, esa entidad se convirtió en autónoma, autárquica y dependiente del Poder Ejecutivo, como la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. En el 2014, Dinapi (dinapi.gov.py) abrió la licitación por concurso de precios para empresas auditoras, que ganó la firma paraguaya Autores y Consultores Asociados (AYCA).
A fines de noviembre, tras tres meses de analizar los periodos 2013 y 2014, AYCA reportó a SGP (Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay) sin observaciones; a AIE Paraguay (Artistas, Intérpretes o Ejecutantes), recomendaciones menores; pero APA sumó numerosas observaciones sobre su estado contable y gestión de derechos autorales, y la firma optó por la "abstención de opinión" debido a la falta de documentación y confiabilidad de su situación. "Ese es el peor de los escenarios", afirmó el abogado Ricardo Gavilán, titular de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, y desde diciembre último, a cargo del equipo de fiscalización de APA, que Dinapi formó por resolución, con cuatro abogados y contadores, y con un plazo máximo de 180 días. La inspección abarca los cinco últimos ejercicios (desde 2011), según el deber legal de conservar la documentación; y hasta ahora las irregularidades son catastróficas, con una contabilidad arcaica.
Gavilán señaló que tendrán listo un informe antes de junio; y de confirmarse las observaciones de la auditoría, Dinapi realizará un sumario administrativo, a lo que APA podrá presentar su descargo. De hallarse responsable, el artículo 149 de la Ley 1.328 establece sanciones que van desde la amonestación, una multa máxima de G. 180 millones, la suspensión por un año o permanente. Gracias a la Ley de Libre acceso a la Información Pública, todo ciudadano que solicite por escrito la auditoría externa podrá acceder al voluminoso material.
No renunciará
"Ellos están haciendo un control general: gastos, cuánto cobran los autores, cuánto se envía al extranjero", explicó ayer Alcides Roa, presidente de APA, a Radio 1000 AM. "Nosotros estamos siempre dispuestos a responder todas las preguntas que nos hacen", agregó. "Es para mí una incógnita la forma que se actúa con APA, no quiero pensar que hay grandes empresarios detrás de esto, porque también así como hay grandes empresarios que pagan muy bien a la sociedad, hay otros que son un poco remisos, no quiero pensar que sea el Estado que tenga la idea de perjudicar a una sociedad que tiene 65 años de vida". Roa aseguró que no piensa renunciar al cargo en APA, que lleva hace 20 años; y que su continuidad dependerá de la próxima elección, en el 2019.