Por Rosalino Duarte
Representantes de numerosas organizaciones sociales y ciudadanos provenientes de varias ciudades de central y el interior del país se manifestaron anoche frente al Congreso Nacional en contra de los intendentes que no rindieron cuentas sobre el uso de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y exigieron la modificación de la Ley 4758/12 que habilita la canalización de los recursos.
Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), expresó que la idea es la introducción de 4 artículos en la Ley para evitar que la impunidad siga beneficiando a los jefes comunales corruptos. "En estos momentos están 10 intendentes imputados que se pasean impunemente por las calles. Uno de ellos de apellido Benegas (intendente de Arroyos y Esteros), quien en estos momentos está en el hospital de Caacupé tomando whisky, con la anuencia de una jueza", indicó.
La segunda incorporación es que la normativa permita que el circuito para la adjudicación de las obras tarde 8 meses; el tercero propone que el Ministerio de Educación tome el control del Fonacide en el proceso de culminación de la obra, porque la actual Ley no le permite eso ahora al ministerio realizar ese trabajo. En cuarto lugar se encuentra la introducción de la auditoría ciudadana, manifestó.
"Nosotros queremos audiencias públicas, de manera que al terminar el cuatrimestre, los intendentes rindan cuentas sobre el uso de los fondos en cada distrito. Ese es el objetivo de lo que hoy se inicia", aseguró.
El dirigente refirió que de noviembre del 2012 a diciembre del año pasado fueron desembolsados 300 millones de dólares, de los cuales el 50% fue despilfarrado. De las 3.850 escuelas que fueron construidas con los fondos solamente 70 se revisaron y cuando se solicitó intervención a la Contraloría, contestó que no contaba con gente para realizar los controles, afirmó.
Por su parte, Juan Vera, presidente de la Asociación de Consumidores del Paraguay (Asucop), aseguró que el caso del Fonacide "es una conspiración de la clase política para proporcionar dinero fácil a sus ta'yra para la compra de los votos. La justicia es cómplice, porque permite la impunidad", aseveró.