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El presidente Horacio Cartres, busca que los funcionarios del Estado tengan buena remuneración por tabajo.

Cartes dará informe ahora cada 6 meses al Congreso sobre APP

El presidente de la República, Horacio Cartes, promulgó ayer las modificaciones que fueron introducidas por el Congreso a la Ley 5102/13 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública”, más conocida como Alianza Público Privada (APP). El cambio se relaciona con el artículo 52 de la mencionada legislación que otorgaba facultades al titular del Ejecutivo a firmar acuerdos con el sector privado para la ejecución de obras de infraestructura sin la intervención del Parlamento.

El texto actual sigue concediendo esas prerrogativas al jefe de Estado, pero con la obligación de presentar un informe semestral sobre las adjudicaciones otorgadas a las empresas para desarrollar los proyectos acordados.

“Se autoriza a las administraciones contratantes a estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos respectivos, en los términos establecidos en la presente Ley, de los siguientes proyectos, los cuales, de manera semestral, deberán ser informados al Congreso Nacional”, establece la disposición que ya tiene la aceptación del Ejecutivo.

El proyecto de APP, antes de ser aprobada, fue duramente criticada por diversos sectores, principalmente, por los opositores en el momento de su análisis. Un sector de los parlamentarios integrantes del Senado había logrado derogar la parte que otorgaba los poderes al mandatario, pero en la Cámara de Diputados se logró introducir la necesidad de un informe semestral.

Finalmente quedó firme el texto sancionado por los diputados, tras un largo debate, y por ser la cámara revisora.

Las críticas de los detractores de la APP se centraron en el articulado mencionado, debido a que concedía “superpoderes” al titular del Ejecutivo. Los opositores consideraron que era mucho riesgo, atendiendo a que en la misma normativa se estipula una garantía a favor de las empresas privadas en los casos en que los emprendimientos por alguna razón se suspenden o no pueden llevarse a cabo.

De presentarse esa situación, el Estado tiene la obligación de resarcir los gastos ocasionados a las firmas adjudicadas.

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