Rodgers habla en esta entrevista con La Nación sobre las carencias que enfrenta la Contraloría General de la República en materia de presupuesto, más todavía en estos últimos días en que tuvo que recepcionar las consultas de numerosos funcionarios y entes con intenciones de presentar sus balances con relación a la utilización de los recursos del Estado. Señala que a pesar de que los recursos asignados son bajos con relación a las exigencias que deben cumplir, con el caudal humano y la aplicación de tecnología en la institución buscan zanjar las carencias y realizar un trabajo eficiente. El contralor reafirma que para un buen uso de los recursos del Estado por parte de las autoridades, se deben aplicar las multas y el castigo a los infractores.

–¿Podés hacer un balance de la situación de la Contraloría desde que asumiste hasta hoy?

–La Contraloría está estabilizada internamente, estamos cumpliendo todas las funciones constitucionales que fueron asignadas a más de las diferentes obligaciones como la recepción de la rendición de cuentas del uso del Fonacide, la rendición de royalties, declaraciones juradas de bienes, además de hacer dictámenes de correspondencia por primera vez sobre administradores de algunos entes como Aduanas. Tenemos además planeado iniciar ya desde este año la plataforma digital para las rendiciones de cuenta del Fonacide y royalties. Podemos decir que la institución está operativa al 100%.

–¿Cómo están en materia de presupuesto para cumplir con el trabajo?

–Tenemos casi el mismo presupuesto del año pasado. El presupuesto de la Contraloría es sumamente bajo en relación al Presupuesto General de Gastos, es el 0,02%. Con eso se está afrontando el control de todo el Estado en su modalidad central, descentralizada, gobiernos departamentales, municipales y entidades binacionales. También se está trabajando sobre lo que es la línea de 500 kV, la que se había hecho en la administración anterior y la diferencia del precio con la actual. Estamos trabajando en recuperar la credibilidad institucional que se vio severamente comprometida por los incidentes que tuvimos el año pasado que son de público conocimiento.

–¿Qué tanto afectó para la imagen de la Contraloría lo ocurrido con el ex contralor Rubén Velázquez?

–Se tuvo un desplome bastante significativo, porque según la percepción de la ciudadanía era una de las instituciones más creíbles. Estamos tratando de estabilizarnos, creo que hoy ya se logró eso y ahora el trabajo es tratar de sostener un camino de desarrollo. Nosotros creemos que entramos en un círculo de eficiencia y con lo poco que tenemos estamos haciendo mucho.

–En este mes se les vino encima todos los balances y declaraciones juradas, ¿cómo hicieron para administrar eso?

–Estamos tratando de optimizar los recursos, en el sentido de que no queremos agrandar más el plantel, por más que necesitemos funcionarios, estamos tratando de suplir eso con tecnología y creatividad. El software que se está usando en declaraciones juradas fue desarrollado con técnicos de acá 100%, casero, que si bien le faltan los módulos de interconexión con otras bases de datos, pero con la relación costo beneficio podemos decir que rindió sumamente bien.

–¿Cuál es el trabajo ahora con relación a las rendiciones de los intendentes sobre el uso de los recursos del Fonacide?

–Ya iniciamos la verificación in situ, por muestreo, de varias de esas rendiciones, queremos abarcar la mayor cantidad de municipios y gobernaciones posibles para poder contrastar la rendición documental con la ejecución en el lugar.

–Ahora, ¿quién controla a la Contraloría?

–Lo que antes se tenía como un paradigma de que es una institución que no tiene un control, en verdad tiene el control real de la ciudadanía y de la prensa como canalizadores tanto de la demanda de los ciudadanos como de los resultados de las instituciones. Estamos en la potenciación de la participación ciudadana, Contraloría Paraguay tiene la presidencia del Comité de Participación Ciudadana de la Olacef, que nuclea a todas las Contralorías de América Latina y el Caribe. Es fundamental la participación ciudadana y de la prensa, que en este caso hay una política sostenida en la apertura al 100% de todos los procesos internos y a nuestros resultados.

–¿Cómo se podría lograr mayor cantidad de presentaciones de los balances en fecha por parte de las autoridades locales?

–Para empezar dándole la sanción que tiene la no presentación de declaraciones juradas hoy, la multa. Culturalmente una ley que no tenga sanción no surte efecto. Las declaraciones juradas hasta el 2013 no estaban reglamentadas y no había sanción, los que presentaban lo hacían por buena voluntad o por ánimos de transparencia. Hoy hay una avalancha de presentaciones porque existe la posibilidad de una sanción pecuniaria al servidor público que incumple y al administrador que paga los salarios a aquel que sigue incumpliendo. Además estas sanciones no se pueden pagar con fondos de la institución, es decir, cada persona que ocupa el cargo de administrador tiene que personalmente abonar.

–¿Las multas aplicadas a los que presentaron tarde las declaraciones juradas no engrosarían el presupuesto de este año de la Contraloría?

–Esas multas tienen la característica particular en la ley que son de cargo y aplicación específica, solo se pueden aplicar para fortalecer el sistema de declaraciones juradas, no así al resto de la institución. Lo que se está dando es que hay una reconfiguración interna del gasto público y se está tratando de reducir el déficit del presupuesto, nosotros no somos ajeno a eso y es evidentemente una política razonable que los gastos rígidos se vean reducidos para poder incrementar los gastos de inversión social.

–¿Con qué cantidad de funcionarios cuenta la Contraloría?

–Estamos actualmente con 870 funcionarios distribuidos solamente en capital, no hay sedes en el interior, que es una de nuestras debilidades más grandes el factor de no estar descentralizados estructural y orgánicamente en el interior. Esto genera costo de valor agregado de tener que trasladar a los equipos de auditores a los diferentes puntos del país, en algún momento dado, hubo oficinas regionales de la Contraloría en Encarnación, Ciudad del Este, Paraguarí, Caacupé, entre otras, que por cuestiones presupuestarias fueron desapareciendo.

–¿La Contraloría necesita realmente descentralizarse?

–Es una necesidad ineludible que en los próximos años se descentralice no solamente mesas de entrada, sino también la operatividad completa de la institución en el interior siguiendo el modelo de descentralización que tienen toda la administración pública. Una unidad normativa, pero con descentralización operativa.

–¿Qué opinión tiene con relación a los casos de malversación de fondos del Fonacide?

–Estos recursos cuando se pierden no es una pérdida de valor numeral nomas, se pierde la inversión que está destinada al complemento nutricional o la inversión de infraestructura, donde el perjuicio es a la proyección de desarrollo.

–¿Cuál es su proyección de la Contraloría a su salida del cargo?

–Yo creo que la Contraloría tiene los cimientos y los fundamentos para convertirse en los que los padres de la República pensaron al momento de crear este órgano de control. Este es un reaseguro al sistema democrático. La Contraloría tiene la base sólida para realizar sobre esa base la construcción de una estructura democrática dentro del marco legal y con la nueva visión de participación ciudadana.