Por Antonio López
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Las instituciones públicas siguen siendo privilegiados botines para la clase política en nuestro país. Y no se puede hablar de que tal o cual Gobierno hizo uso, y abuso, de un ente público para pagar favores, ya que hay ejemplos, y muchos, de que los colores no tienen nada que ver en esta cuestión que, desde hace décadas, sirve para desangrar al país.
En los últimos días están saltando a la luz nuevos casos donde están involucrados funcionarios y hasta parlamentarios representantes de distintos partidos, y se espera que estos hechos que van saliendo a la luz, marquen el camino para que "el oro público" sirva más para el beneficio de la población y no vayan a parar en los bolsillos de unos pocos privilegiados.
A los "coquitos de oro (caso Camilo Soares)", "caseros de oro (caso diputado José María Ibáñez)", "niñera de oro (caso senador Víctor Bogado)", ahora se suman el "asesor de oro (caso ex diputada Karina Rodríguez)" y el ya conocido y perdón el término, "chongo de oro (caso senadora Blanca Fonseca)", y además se pueden ir enumerando otros donde están involucrados altas autoridades, como es el caso de los cobros indebidos de honorarios en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Y es casi obligatorio mencionar esta última institución que, al parecer desde hace mucho tiempo, se convirtió en un verdadero antro privilegiado, donde "están nombrados" centenares de familiares y parientes de funcionarios y políticos de turno, llevando millonarios rubros hacia sus respectivos territorios.
Por supuesto que el Parlamento también está bien arriba en cuanto a la contratación de "personal no idóneo" se refiere, peleándole metro a metro a la Justicia Electoral, para ver cuál de los dos poderes (el TSJE últimamente se convirtió en Poder) es el que más "contrato familiar" tiene en su historial.
Y así como habla del Congreso y de la Justicia Electoral, no se puede dejar de mencionar otras instituciones, como ministerios y entes estatales, donde la práctica de contratar familiares, parientes, parejas, amantes, hijos y hasta amigo de los hijos, es una constante, por lo que es más que fundamental que se sigan denunciando y sobre todo que la Justicia actúe en forma conveniente para evitar que la "rosca" vaya aumentando de tamaño.
El Paraguay es un país pequeño y con mucha riqueza, de eso no hay dudas. Sin embargo, esa riqueza está muy mal distribuida que solo llega a un sector de la población, y no precisamente al sector más necesitado.
Cada año el Parlamento estudia y aprueba un presupuesto que en los días previos a su tratamiento se espera que apunte a una mejor distribución, hecho que al final lamentablemente no se da por "obvias razones". Pero es así que ya con el presupuesto en marcha, salen a luz casos como los que llevan el apelativo de "oro", generando con toda lógica el repudio de la ciudadanía.
Pero claro, en algún momento las autoridades nacionales deben darse por enterado del malestar de la población y generar por cuenta propia esa confianza que desde hace ya mucho tiempo está perdida. Y por supuesto, los responsables de "ubicar a su gente" en sitios donde el dinero "corre libremente" deben necesariamente recibir el castigo correspondiente, para que definitivamente en el país ya no se hable ni de los "coquitos de oro", de las "secretarias de oro", de los "caseros de oro", de los "asesores de oro" y de los "chongos de oro".