La Contraloría General de la República concluyó en un informe que efectivamente el intendente de Ypané, Horacio Ortiz, imputado recientemente por la Justicia, hizo un sobrepago de 73.197.000 guaraníes con los recursos del Fonacide al comprar 42 computadoras, que según el jefe comunal compró por G. 4.450.000 cada una, pero sin embargo en el mercado costaban realmente G. 1.739.000 cada una.

Tras la revisión de los documentos, la institución contralora instó a Ortiz a reponer el dinero a la Municipalidad, en una cuenta que pertenezca a la misma. Además le ordenó hacer los actos administrativos a fin de determinar las causas de este excedente, donde se determine la falencia de y sancionar a los responsables. La CGR habría hecho la recomendación a Ortiz en diciembre del 2013.

DEVOLUCIÓN

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El asesor jurídico de la Contraloría General, Diego Marcet, dijo ayer que el intendente Ortiz había devuelto los 73 millones. No obstante, indicó que están solicitando informe al Banco Familiar para corroborar que el mismo no haya retirado de vuelta el dinero. Además de revisar si efectivamente se utilizó de vuelta en casos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

"El intendente de Ypané acusa una boleta de depósito, pero hay que darle la mayor certeza posible de que esto fue efectivamente una reparación dentro del municipio y que guarda correspondencia con los gastos específicos de Fonacide. Por eso pedimos los registros contables para ver si efectivamente se consignó esa devolución, la conciliación de los saldos, para validar, y el movimiento en esas cuentas para determinar que el gasto posterior tuvo correspondencia con el Fonacide", explicó Marcet.

Indicó que hasta el momento no se tiene respuesta por parte de la entidad bancaria con relación a los pedidos, pero señaló que siguen insistiendo con ungimientos para dar celeridad a la investigación posterior.

PROCESO JUDICIAL

Tras ponerse a disposición de la Justicia, el juez Roberto Saldívar decidió otorgar libertad ambulatoria a Ortiz, quien está investigado por presunto uso irregular de fondos del Fonacide. Asimismo, se le impusieron medidas alternativas a la prisión como una millonaria fianza de 1.900 millones de guaraníes y la prohibición de acercarse a su oficina en la comuna.

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