La presidenta brasileña Dilma Rousseff ha sancionado ayer jueves, aunque con algunas restricciones, la denominada Ley de Repatriación, que trata de regular los recursos y bienes, procedentes de orígenes lícitos aunque no declarados, que los brasileños detentan en el exterior y quieren depositar en Brasil.

La propuesta, que ya había sido aprobada por el Congreso y por el Senado, es una de las prioridades del Ejecutivo de Rousseff para equilibrar las cuentas públicas del país, en números rojos debido a la crisis económica que atraviesa el país. Con esta suerte de amnistía fiscal, el Gobierno de Brasil espera recaudar unos 21.000 millones de reales solo este año (5.250 millones de euros).

Ahora bien, los que se acojan a esta ley deberán pagar un 30% del valor del montante declarado e ingresado en Brasil. Un 15% corresponde al impuesto que grava este dinero y el otro 15% restante obedece a una multa por tener dinero sin declarar. Si la persona en cuestión no se acoge a esta ley y es descubierta con dinero sin declarar deberá pagar el 225% del montante en concepto de multa y de encarar posibles problemas con la justicia.

Los que se acojan a esta ley deberán pagar un 30% del valor del montante declarado e ingresado en Brasil.

A primera vista, parece que esta fuerte tasa fiscal desanimará a los posibles interesados. Pero el economista Márcio Salvato asegura que hoy por hoy hay muchos brasileños "que están pasando por dificultades financieras y necesitan llevar a Brasil el dinero que poseen fuera". Y añade: "Personas que hicieron, por ejemplo, transacciones de venta de inmuebles en el exterior sin declarar a Hacienda ahora pueden volver con el dinero: y es mejor pagar la multa ahora".

Entre las restricciones impuestas por el Gobierno de Rousseff se cuenta la no aceptación de la parcelación del pago del impuesto. Los diputados federales habían considerado la posibilidad de que quien se acogiera a esta amnistía fiscal pagaran en 12 meses. El Gobierno lo ha rechazado.