Por Antonio López
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"Una gran cantidad de medicamentos robados del Ministerio de Salud e IPS, que iban desde compuestos para enfermedades simples hasta drogas oncológicas de gran valor, fueron encontrados en una vivienda de Lambaré el pasado martes. Por el momento, dos personas fueron detenidas e imputadas por el caso, pero se sospecha que se trata de una red grande y en IPS ya hablan de complicidad de funcionarios". Tal es la información que surgió hace apenas unos días atrás y que causaron indignación sobre todo en los miles de asegurados del ente previsional que "peregrinan" día a día en busca de un medicamento que le sirve para seguir con la esperanza de combatir su mal.
La noticia agregaba que las dos personas que cayeron eran la punta de iceberg, por lo que era imposible que solo ellas estén trabajando de manera solitaria. Los investigadores afirmaron que existía más gente, que era una red interesante y que incluso se encontraron medicamentos vencidos del 2010. Pero lo del robo de medicamentos, tanto del Ministerio de Salud como del IPS, no es un hecho nuevo. Al contrario, es un mal enquistado desde hace años dentro de los mencionados organismos sanitarios, y que hasta el momento muy poco se pudo combatir.
Tampoco es nuevo esa posibilidad de que exista la complicidad de funcionarios en el robo de estos medicamentos, tal como lo advierten los investigadores, y pensando de manera lógica, no podría existir otra forma de "salida clandestina" de los remedios de los entes mencionados, para su comercialización ilegal y peligrosa, sí peligrosa, ya que se hallaron remedios vencidos dentro los productos incautados. En dos viviendas allanadas encontraron remedios vencidos y vueltos a etiquetar con fecha 2010.
El hecho no deja de ser criminal, puesto que es bien sabido que además de lo mencionado en el párrafo de arriba (la peligrosidad por el vencimiento), no es difícil hacerse la imagen de miles y miles de asegurados del IPS que penan día a día para conseguir, además de una digna atención por parte de los médicos, los remedios que, en muchos casos, sirve para mantener con vida a personas cuyas enfermedades son de suma gravedad.
Pero más criminal aún es que sean los propios funcionarios de estos entes quienes estén "metidos en el asunto", tal es la presunción de los investigadores, por lo que es de esperarse, en un primer paso, que las autoridades tanto del Ministerio de Salud, como del ente previsional, tomen las medidas necesarias para que, en un segundo paso, sea la Justicia la que actúe con determinación para castigar el hecho. Claro, tampoco están excentas de este hecho farmacias privadas que se prestan a la venta de estos productos, y sobre las cuales, también la Justicia debe caer.
Por experiencia propia se de lo duro que es cuando en la farmacia del IPS le informan a uno de que tal o cual medicamento no hay. Además no hay que olvidar que la precariedad del sistema sanitario a nivel país, hace que muchas veces, cientos de personas tengan que trasladarse desde el interior del país, hasta nuestra capital para "retirar" los remedios, y hay que ponerse en el lugar de las mismas cuando retornar a sus lugares de orígenes con las manos vacías.
La "mafia de los medicamentos" no es nueva, quizás no se denuncie en forma constante, pero existe y en tantos años de "vida" de ese mal, es muy poco lo que se hizo. Por eso resulta fundamental que este caso específico no quede impune. Va a ser un hecho que va a beneficiar tanto a los asegurados como a la credibilidad de la Justicia, y sobre todo podría resultar un punto positivo para el Gobierno, si es que pretende de una vez por todas "limpiar" el sistema sanitario del país.
Y los responsables de este criminal hecho deben, necesariamente, pagar con la cárcel el mal que le están haciendo a la sociedad; una sociedad que incluso pagando sus impuestos está aportando para el salario de estos simplemente delincuentes. No queda más remedio, el mal se debe pagar, y muy caro.