Enrique Vargas Peña
La bancada de senadores del Partido Liberal Radical Auténtico emitió días pasados un comunicado sobre el veto que el presidente Horacio Cartes interpuso a la sanción que el Senado dio a su proyecto de ley de financiamiento político (http://bit.ly/1YI7Zxb) (http://bit.ly/1NGRQVE) que, a mi modo de ver, expone muy claramente que a los senadores de esa organización política no les interesa, ni en lo más mínimo, que el dinero del narcotráfico siga financiando a candidatos ni la rendición de cuentas sobre el dinero público que administran los partidos (http://bit.ly/1FFIXER).
El comunicado comienza señalando que el "juramento" del prófugo de la justicia Denilso Sánchez como intendente de Capitán Bado es un hecho lamentable que obliga a la sociedad a recordar que la narcopolítica asesinó a muchos paraguayos, entre ellos al periodista Pablo Medina, de ABC Color.
En efecto, creo que todos los paraguayos decentes compartimos esa aseveración de los senadores liberales pero, entonces, no se entiende por qué esos mismos senadores votaron eliminar de la ley de financiamiento político las prevenciones que el proyecto original pretendía establecer (http://bit.ly/1MhJrtx).
Senadores liberales que ahora dicen lamentar el juramento de Sánchez están entre los que apoyaron que se modifique, por ejemplo, la redacción original del artículo 64 que venía de la Cámara de Diputados (http://bit.ly/1jKKoyc), que excluía de las competencias electorales a los candidatos que no presenten la trazabilidad de los aportes que recibieran para las elecciones internas de las organizaciones políticas, que es donde llega el grueso del financiamiento político (http://bit.ly/1IUF8l1).
El proyecto de la Cámara de Diputados establecía en su artículo 64 que "En caso de incumplimiento de esta obligación, las candidaturas no serán inscriptas por el Tribunal Electoral correspondiente".
Senadores liberales que ahora dicen lamentar el juramento de Sánchez están entre los que eliminaron esa redacción. La eliminaron.
Consecuentemente, no queda más remedio que pensar que o los senadores liberales votaron los cambios sin leerlos, en cuyo caso no merecen ser senadores por irresponsables, o que están mintiendo sobre sus verdaderas preocupaciones pues por sus votos se sabe que están de acuerdo, y no en contra, de que nuevos Denilso Sánchez y nuevos "Neneco" Acosta sigan aportando a los partidos políticos y sigan siendo sus candidatos, en cuyo caso tampoco merecen ser senadores por cómplices.
Estos senadores liberales no cuentan que están entre los que eliminaron del artículo 71 del proyecto la obligación de rendir cuentas: El artículo 71 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establecía que "Los partidos y movimientos políticos podrán recibir aportes y donaciones por parte de particulares, que en ningún caso serán anónimas ni podrán provenir de personas que hayan sido imputadas por los hechos punibles relacionados al tráfico de drogas, lavado de dinero o evasión impositiva".
Los senadores, entre ellos firmantes del comunicado aquí discutido, eliminaron esta disposición. Notablemente.
Claro que los senadores liberales tampoco dicen en su comunicado que en la versión Senado ellos eliminaron la prohibición de recibir dinero de imputados por hechos de narcotráfico.
Los senadores también eliminaron, por completo, el artículo 336 del proyecto de la Cámara de Diputados que establecía que "El que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en los artículos 68 y 282 de este Código, realizare donaciones o contribuciones a partidos, movimientos políticos o alianzas, será sancionado con una multa equivalente al triple del aporte realizado. El partido, movimiento político o alianza que se haya beneficiado con tal contribución o donación, será sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho de recibir hasta el cincuenta por ciento (50%) de todo aporte y subsidio estatal por un término de uno a tres años. Cuando la donación proviniera de personas relacionadas a hechos punibles relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, los funcionarios o electores que tengan conocimiento del hecho deberán comunicar inmediatamente el mismo al Ministerio Público para su investigación. Las candidaturas beneficiadas por dichas contribuciones serán susceptibles de impugnación, en caso de que se diere la denuncia antes de la elección en cuestión. Cuando la denuncia se diere con posterioridad a la eventual proclamación del beneficiado, éste será susceptible de pérdida de la investidura por acción del Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral sin perjuicio de las penas que el Código Penal disponga para el hecho punible típico".
Entrevisté al senador Miguel Abdón Saguier el pasado 24 de diciembre sobre el tema y justificó las eliminaciones alegando que viola el principio de presunción de inocencia, lo que no es verdad pues lo único que hacía la redacción original de Diputados transcripta más arriba era establecer requisitos para candidatarse, como está en poder del Congreso hacer (Artículos 120 y 125 de nuestra Constitución).
Es decir, se alega una mentira para mantener el derecho de los narcopolíticos a aportar a los partidos y a presentarse como candidatos (http://bit.ly/1DrhZn8) (http://bit.ly/1P86gSn).
Se ve, pues, que la bancada liberal del Senado en realidad pretende mantener, y no cambiar, el marco legal que permite el juramento de Denilso Sánchez y la participación de "Neneco" Acosta (http://bit.ly/1IyshBF) (http://bit.ly/1DDRHzF).
Conviene remarcar que el comunicado de los senadores liberales ni siquiera menciona los artículos 64, 71 y 336, pretendiendo tal vez desviar la atención de la ciudadanía hacia esa eliminación que expone al lado de quién realmente están dichos senadores.
Luego, el comunicado hace referencia al propósito de trabajar por la igualdad financiera de los partidos que los senadores liberales tenían al sancionar la versión Senado de esta ley, para justificar el mantenimiento de los subsidios electorales a las organizaciones políticas.
Aprovecho para repetir aquí que estoy personalmente de acuerdo con los subsidios electorales, pero no con el modo en que los usan ahora. Y menos todavía si serán complemento de aportes del narcotráfico como ocurre actualmente.
Pero los subsidios no deben otorgarse si los partidos no desarrollan con los mismos los programas por los cuales dichos subsidios se justifican, que son referidos a la formación de administradores públicos honestos y a financiar campañas electorales con total transparencia, lo que ahora no sucede.