Una buena parte de los trabajadores del incipiente mundo cinematográfico paraguayo espera que se consume el próximo año la anhelada ley de cine, un marco regulatorio de lo impositivo y el financiamiento estatal a los proyectos del arte audiovisual.
"En marzo ni bien empiece el periodo parlamentario, se daría entrada al proyecto", comenta Osvaldo Ortiz Faiman, dirigente del medio cinematográfico.
En la actualidad existe un anteproyecto que es trabajado dentro de una mesa interinstitucional que cuenta con representantes de la Oprap (Directores Productores Técnicos Independientes), UAP (Unión de Actores). DocPy (documentalistas), Campro (Cámara de Empresas Productoras), Academia de cine, la Secretaría Nacional de Cultura, Dinapi y El Cabildo.
INSTITUTO DE CINE
La ley, que contaría con solo 12 artículos, crearía el Instituto de Cine, que "regulará fondos para cine de varias fuentes", comenta Ortiz.
"El instituto va a reglamentar la distribución con los que serán parte del consejo. Ahí vienen los detalles de regulación que se deber trabajar con todos los involucrados en la industria", explica.
Este instituto sería dependiente de la SNC y deberá administrar fondos exclusivos para trabajos audiovisuales cinematográficos, no para televisión. "Para eso se plantea una ley de medios que está a continuación de esta ley", señala el dirigente.
La propuesta establece que el todos los fondos estatales para el rubro sean manejados en adelante por el instituto, que canalizará los mismo a través de concursos públicos.
Se piensa en la excepción tributaria, práctica que a nivel regional es implementada solo en países como Uruguay y República Dominicana, donde quienes inviertan en cine no pagan IVA ni impuesto a la renta.
La ley cuenta con el espíritu de fomento a la industria cinematográfica, estimula la creación y el desarrollo de la misma.
APOYO DEL GOBIERNO
Las organizaciones gremiales vienen trabajando el texto del proyecto, y ahora realiza los ajustes necesarios con la Secretaría de Cultura, coordina con las carteras de Industria y Hacienda. Según señala Osvaldo Ortiz, el gobierno estaría apoyando la existencia de la ley.