La Asociación Rural del Paraguay (ARP), a través del senador Fernando Silva Facetti, denunció en la víspera ante la Cámara de Senadores diversos casos de invasiones de tierras y deforestaciones registradas en varios puntos del país. "La Policía Nacional ni la Fiscalía está haciendo todo lo posible para evitar las invasiones, cuyo objetivo es la deforestación", indicó. El gremio de los ganaderos presentó a los senadores 17 casos de ocupaciones en diversos puntos del país.
El legislador mencionó que el caso más grave se relaciona con la Ganadera Pindó SA, en donde los invasores proceden a la deforestación en forma indiscriminada de una reserva forestal de 2.780 hectáreas. Especies autóctonas nativas de la zona, en vías de extinción y árboles centenarios que pertenecen al patrimonio de la humanidad, están desapareciendo, afirmó.
Miguel Doldán, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la ARP, indicó que el principal obstáculo que se tiene es el "Plan de acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno", vale decir, el protocolo del Ministerio del Interior, proveniente de la época del entonces ministro Carlos Filizzola, y que tuvo el apoyo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón y el entonces comandante de la Policía, Crio. Paulino Rojas.
Doldán señaló que el mencionado "protocolo" es un estatuto para garantizar la violación de las leyes y el atropello a las propiedades privadas como estatales. "Esto impide que en la práctica se lleven a cabo los desalojos y la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños, por el gran obstáculo burocrático de notificar a un sinnúmero de instituciones antes de realizar los procedimientos policiales", aseguró.
Aclaró que ellos no pretenden la desaparición del mencionado procedimiento, sino una flexibilización del mismo, a los efectos de brindar mayor garantía a los legítimos propietarios y que los procesos se lleven a cabo de manera más instantánea.
Expresó, además que algunos políticos se encontrarían detrás de dichos atropellos injustificados e ilegales. "En algunos casos se han documentado con fotos y grabaciones la participación de algunos parlamentarios en casos de invasiones de tierras registradas en diversos puntos del país, quienes alegan cumplir con su función de atender los reclamos sociales", expresó.
Por su parte, el titular de la organización de ganaderos, Germán Ruiz, manifestó que existe mucha permisividad para violar leyes y atentar en contra de los intereses humanos y nacionales. "Cualquier persona que realice actividades de deforestación debe ser considerada como un delincuente, ya sea propietario de las tierras, el ganadero, el campesino con tierra y sin tierra o un indígena", enfatizó.